Las resoluciones del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, mediante las cuales se decretó la “libertad absoluta e inmediata” de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, así como la libertad de 24 personas más detenidas por los acontecimientos de la noche de Iguala, representan un golpe brutal a las investigaciones construidas o “fabricadas” por la PGR sobre el asesinato y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
¿Dejar en libertad a criminales convictos y confesos porque el juez Samuel Ventura (o el secretario del juzgado, Juan Manuel Trespalacios Castán, quien firma las sentencias) decidió dar una cátedra imborrable para este tiempo y los tiempos por venir? ¿Porque decidió hablar no solo a nombre propio sino de todo del Poder Judicial de la Federación con una resolución “histórica” que —sostiene Ricardo Raphael en “La sentencia Ventura”, texto publicado en estas páginas— le exige a la Fiscalía General de la República “una actuación radicalmente distinta con respecto al pasado”? En varios artículos, Raphael traza el perfil de un juez de estatura heroica. “Esta sentencia —proclama— será utilizada en adelante para la formación de los ministerios públicos y, más en general, de todos los operadores del derecho: jueces, abogados, defensores, peritos, policías de investigación, etcétera”.
Los argumentos del juez, reproducidos por el columnista, llevaron a desechar, al menos, dos tercios de las pruebas presentadas por el Ministerio Público porque fueron obtenidas “ilícitamente mediante la vulneración de los derechos a la libertad y a la integridad personal”. Pero, ¿es este juez el mismo cuyas sentencias “representan una infamia, una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad; alientan el silencio y la impunidad; impiden conocer la verdad, y evidencian la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país”, como denuncia Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos?
Las resoluciones del juez Ventura, advierte Encinas, han dejado en libertad a uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas y a muchos de sus cómplices, sentando las bases para que otros implicados corran la misma suerte. El juez, sigue argumentando Encinas, no observó la jurisprudencia del 21 de junio de 2019 que determina que la declaración obtenida por tortura “obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores”.
Para Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, la liberación de El Gil vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y la garantía de no repetición. Además, según José Trinidad Larrieta, titular de la oficina especial de la CNDH para el caso Iguala, estas liberaciones “ponen en evidencia la gran debilidad de las instituciones de procuración de justicia y también del propio sistema de Justicia Penal en México” y advierte que hay suficientes pruebas no contaminadas que podrían llevar a la recaptura de López Astudillo y a volver a procesar a los más de 50 presuntos implicados que ya fueron liberados con reservas de ley. Tal es el caso, por ejemplo, de las declaraciones de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, quienes confesaron en presencia de la autoridad, los familiares de los desaparecidos y sus respectivas defensas, haber trabajado para El Gil y explicaron su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
¿Son el juez Ventura y el secretario en funciones de juez, Trespalacios, figuras de estatura épica o personajes repulsivos? Al margen de ello, lo que no debería olvidarse es que la confusión y la impunidad resultantes solo pueden atribuirse a la célebre “verdad histórica” elaborada a partir de violaciones al debido proceso, detenciones ilegales, “flagrancias inexistentes” y declaraciones bajo tortura.
Presidente de GCI.
@alfonsozarate
