Contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes es una de las obligaciones medulares de los mexicanos, así lo establece la fracción IV del Artículo 31 de la Constitución.
En un país en el que los arreglos en la cima solían traducirse en ventajosos privilegios para los cercanos al poder (concesiones, contratos con sobreprecios, condonaciones) importa subrayar la determinación del presidente López Obrador de combatir prácticas muy arraigadas de defraudación y evasión fiscal.
En los años recientes fueron tres las principales fórmulas que se usaron para esos propósitos. La primera fue la “consolidación fiscal”, una figura jurídica establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta y derogada en diciembre de 2013, que permitía a los conglomerados determinar su resultado fiscal en forma consolidada compensando las utilidades de una o varias de sus empresas contra las pérdidas de otras.
Un segundo mecanismo fue la “condonación de impuestos”, que se sustentaba tanto en la Ley de Ingresos, como en el artículo 39 del Código Fiscal, que facultaba al presidente para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios. No es difícil suponer que algunas de las empresas beneficiadas estaban vinculadas a personajes que habían hecho generosas contribuciones a las campañas presidenciales. Se sabe que tan solo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, el monto de los impuestos condonados a personas físicas y morales superó el billón de pesos.
La tercera fórmula consistía en simular operaciones comerciales con empresas “fantasmas”. Los beneficiarios eran tanto corporaciones empresariales, como despachos de fiscalistas y funcionarios de gobierno. La titular del SAT, Raquel Buenrostro, calcula que solo en lo correspondiente a 2017, el daño al erario fue de más de 55 mil millones de pesos. Por lo pronto, el gobierno federal ya interpuso siete querellas penales por lavado de dinero y fraude fiscal contra 43 empresas factureras.
Por eso, desde el inicio de este gobierno se tomó la decisión de cerrar esos resquicios legales que permitían eludir el pago de impuestos. Lo primero fue eliminar las condonaciones fiscales que causaban daños severos a las finanzas públicas y perjudicaban a los contribuyentes cumplidos. Tan solo en el gobierno de Peña Nieto los montos de las condonaciones superaron los 270 mil millones de pesos (Dulce Olvera, sinembargo, 4 de enero de 2019).
Esas condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales eran parte medular de una relación perversa entre el poder político y el poder económico en detrimento de los intereses del país.
En momentos en que la economía experimenta una severa recesión y en que millones de mexicanos tienen serias dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales, estas medidas han permitido un crecimiento significativo de la recaudación fiscal: 13.4% en el primer trimestre de este año. La fórmula de la titular del SAT ha consistido en convocar —sin la interferencia de sus asesores fiscales— a los directores generales, presidentes de los consejos de administración y dueños de las empresas para advertirles que se acabaron los privilegios del pasado y recordarles que los nuevos tipos penales establecen la prisión preventiva oficiosa (reforma que entró en vigor el 1 de enero de este año) para “los delincuentes fiscales peligrosos” que cometan delitos que califiquen como delincuencia organizada; las penas de prisión van de 4 a 16 años.
Los defraudadores enfrentan hoy una disyuntiva disuasiva: ¿pagas o te vas a la cárcel? Estas decisiones de autoridad permiten avanzar hacia un sistema fiscal más justo, en el que pague el que deba pagar y lo que deba de pagar.
La decisión de frenar ese atraco a la nación es bienvenida y debe dar paso a la instauración del principio de progresividad: ya es hora de que contribuyan más quienes tienen más.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
