El 5 de febrero el presidente López Obrador presentó en Palacio Nacional 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales que se proponen imponer la agenda, arrinconar a la oposición, acelerar su entrada a la Historia y, más allá, perfilar el sistema político que ambiciona la 4T, el país de un solo hombre.
Se trata de subvertir el Estado de derecho y, para ello, disminuir, neutralizar o suprimir toda instancia capaz de constituir un contrapeso al poder presidencial: desaparece órganos autónomos, reemplaza al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, convierte a jueces, magistrados y ministros en asociados dóciles a la 4T y elimina los legisladores plurinominales para —como ocurría en los años de hegemonía del PRI—establecer una distorsión: cancelar la representatividad de las minorías.
Salvo excepciones —por ejemplo, la reducción a los gastos de campaña, el establecimiento de un término para que los juzgadores emitan sus resoluciones y el aumento a los salarios mínimos por encima de la inflación—, las reformas se proponen desquiciar la arquitectura constitucional para acentuar la supremacía presidencial.
En materia judicial, López Obrador argumenta que se propone dotar al Poder Judicial de la legitimidad que emana del poder popular. Será el pueblo, dice, mediante el voto directo y secreto, el responsable de elegir jueces, magistrados y ministros. Los requisitos formales para ser postulados, son una simulación. La designación de Lenia Batres y el apoyo a la ministra plagiaria —Yasmín Esquivel— son prueba de que el verdadero criterio rector para integrar las listas de aspirantes es la cercanía con el presidente. De paso repudia el freno que la Corte ha impuesto a sus leyes inconstitucionales: ¿cómo se atreve “un poder que no fue electo por el voto popular” a controlar los actos de los restantes poderes “que sí encarnan la voluntad popular”?
Las citas que se incluyen en la exposición de motivos recuerdan una de las fobias más notorias de Andrés Manuel. Ponciano Arriaga argumenta que había encontrado “más justicia, más rectitud, más honradez, más aciertos en jueces legos que en los profesores de derecho...” y Francisco Zarco advierte que, desde la Independencia, la administración de justicia había sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados, que la habían convertido en un caos, un embrollo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interviene con timidez: “las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos”.
Y Claudia Sheinbaum, para que no haya engaños, hace suyas las iniciativas presidenciales, la fase superior del obradorismo: la desaparición de los órganos autónomos, la desnaturalización de la Suprema Corte, la extinción de la representación política de las minorías… El segundo piso de la 4Tcon dirección al precipicio…
