Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. —Andrés Manuel López Obrador
Resolver sobre la contradicción de dos artículos constitucionales es una tarea de enorme complejidad porque equivale a declarar inconstitucional algo que está en la Constitución. Juristas prestigiados se han pronunciado en uno u otro sentidos sobre la prisión preventiva oficiosa que, en la práctica, parece replicar la frase escalofriante de Pancho Villa: “Primero disparo y después veriguo”, es decir, primero los encierro y después desentraño si eran o no culpables.
Quienes se oponen a la prisión preventiva oficiosa subrayan su contradicción con el artículo primero de la Constitución y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y denuncian que vulnera la presunción de inocencia y constituye “una pena anticipada” que mantiene en prisión por años a miles de inocentes, y exigen que el ministerio público haga bien el trabajo que le encomienda la Constitución: la investigación de los delitos (artículo 21).
Quienes están a favor de mantenerla advierten que la Corte no tiene facultades para ordenar la “inaplicación” de una parte del artículo 19 constitucional porque equivaldría a legislar, lo que solo compete al Poder Legislativo y alegan —como el secretario de Gobernación— que anularla estaría terminando con toda la estrategia de seguridad del país.
Más allá de lo que se resuelva hoy en el pleno, y desde una perspectiva política, resalta, por su extrema gravedad, el constante atropello a la Constitución y a las leyes que promueve el presidente de la República, como su pretensión de trasladar, mediante reformas legales inconstitucionales, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
La compulsión del presidente por secuestrar, doblegar o suprimir cualquier entidad que pueda constituir una limitante a su poder, lo llevó en estos días a contaminar el debate en la Corte: así como ha calificado de traidores a la patria y corruptos a quienes contradicen o denuncian sus excesos, ahora denigra e intimida a los juzgadores y esas palabras, salidas de la boca del jefe del Estado mexicano, son siempre palabras mayores.
Una mancha se agrega en estos días a este clima enrarecido: el reconocimiento presidencial de que sus propuestas para ministros de la Suprema Corte tenían como objetivo servir a la transformación. A confesión de parte, relevo de pruebas. No se trataba de darle mayor dignidad al supremo tribunal con propuestas de juristas con una trayectoria intachable, sino de colocar allí a jueces de consigna, a aliados ideológicos (fieles), privilegiar el amiguismo: Yasmín Esquivel, la esposa de uno de sus contratistas favoritos, José María Riobóo; Loretta Ortiz, la esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal electoral y ex secretario de gobierno; Margarita Ríos-Farjat, recomendada de Alfonso Romo… Y ante todo esto se acentúa el ruidoso silencio del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, incapaz de levantar su voz para denunciar la grosera injerencia del presidente de la República sobre el Poder Judicial.
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@alfonsozarate
