El 8 de febrero de 1985 fue secuestrado, en Guadalajara, el agente de la DEA Enrique Camarena. Sus secuestradores lo sometieron, junto al piloto Alfredo Zavala, a una tortura brutal que los llevó a la muerte. Zavala, un militar retirado, había detectado una enorme superficie dedicada al cultivo de mariguana: el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde trabajaban unos diez mil campesinos (ninguna autoridad civil o militar se daba por enterada). El golpe a las finanzas del dueño del enorme plantío, Rafael Caro Quintero —uno de los jefes del cártel de Guadalajara—, fue tremendo y así fue su venganza.
Las relaciones bilaterales llegaron a su punto de mayor enfriamiento: la sede de la embajada de Estados Unidos dejó de otorgar visas a mexicanos, el embajador John Gavin acentuó su comportamiento insolente, se decretó un virtual cierre de la frontera entre ambas naciones y el gobierno de Ronald Reagan echó a andar el proyecto de construcción del “muro de la tortilla” para detener el tráfico ilegal de trabajadores y droga.
En ese contexto, Miguel de la Madrid reconoció al narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional y tomó una decisión drástica: suprimió a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), los dos órganos de inteligencia civil del Estado.
A la vuelta de más de treinta años, la masacre de mujeres y niños de la familia LeBarón, con nacionalidad mexicana y norteamericana, volvió a exhibir la presencia de territorios sin ley ante la omisión cómplice de las autoridades y ha tenido un fuerte impacto en Estados Unidos y otras partes del mundo. La advertencia del presidente Trump: “Para México ha llegado el tiempo de, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, lanzar una guerra a los cárteles de la droga que los borre de la faz de la tierra”, debió sacudir a López Obrador, que reprueba todo lo que suene a guerra.
Los medios de comunicación internacionales le dieron importantes espacios a esta noticia. En el extremo, el influyente The Wall Street Journal habló incluso de una intervención militar: “Si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger de los cárteles a los americanos en ambos países...”
Como lo mostró el despliegue de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes, el verdadero contrapeso a las políticas de López Obrador no está en México sino en Estados Unidos. El gobierno de Trump dispone de poderosos instrumentos para imponer un quiebre mayor a las políticas de nuestro gobierno y su carácter puede llevarlo, en un arrebato, a apretar al gobierno mexicano y descomponer más el escenario. Las posibilidades crecen, además, por la proximidad de las elecciones presidenciales en EU y la tentación de conseguir simpatías a costa de México.
Es innegable que el gobierno de México está desbordado por la violencia criminal y, también, que su estrategia fracasará por ingenua y por la ineptitud de quienes la conducen.
No sé cuánto tiempo transcurrirá antes de que un nuevo Wikileaks revele los correos secretos de estos días entre la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado o la Casa Blanca, pero puede imaginar la censura acre, hasta burlona, al enfoque “evangélico” de hoy. Por lo pronto, ya se conocen las palabras del embajador Landau durante una reunión en el consulado norteamericano en Hermosillo: “El presidente López Obrador no entiende que le está fallando la estrategia. No sabemos cómo hacérselo ver. Estados Unidos sí quiere ayudar más a los mexicanos y al gobierno para salvarlo de un Estado fallido” (Alex Sánchez, El Heraldo, 7 de noviembre de 2019).
El problema es que un gobierno blandengue con los criminales, además de dar malos resultados, le pavimenta el camino a la mano dura.
Presidente GCI. @alfonsozarate
