Este lunes durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo cosas muy graves: “Es un asunto verdaderamente vergonzoso el que (García Luna) actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto… Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entones pensaba que no era correcto… pero luego, con todo eso que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia…”
El juicio del presidente es excesivo, atenta contra el principio de “presunción de inocencia” (no importa que el proceso esté en curso, García Luna ya es culpable), y tiene indeseados efectos colaterales: les pega a las fuerzas armadas y a quienes hoy las encabezan.
México no es ni ha sido un narcoestado, sin embargo, el Estado mexicano está en riesgo porque muchas de sus instituciones, incluyendo sus fuerzas armadas, pueden estar contaminadas. Sería suficiente con recordar el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas, que estaba al servicio de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, o el grupo de “gafes”, que desertaron para sumarse al cártel del Golfo y devinieron Los Zetas.
No puede explicarse el trasiego de cuantiosos cargamentos de droga a EU, sin la existencia de densas redes de protección de quienes simulan, al tiempo que protegen las operaciones de los criminales.
No se sabe aún de cierto si García Luna apoyaba al cártel de Sinaloa, pero aún si así fuera lo habría hecho frente a las narices de las otras instancias del gabinete de seguridad nacional corresponsables del combate al narcotráfico, la entonces PGR, la Secretaría de la Defensa y la de Marina, ¿también estaban al servicio de la delincuencia?
El periodista Javier Garza Ramos recuerda que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, era jefe de la guarnición militar de Piedras Negras, Coahuila, en los días en que Los Zetas manejaban el penal, cometían atrocidades y perpetraron la masacre de Allende; esa guarnición tenía la responsabilidad del penal.
Y el actual subsecretario de la Defensa Nacional, André Foullon, era comandante de la III Región Militar que comprende Sinaloa y Durango, territorios controlados por el cártel de Sinaloa. “Estos generales —concluye Garza Ramos— son responsables de lo que se ha hecho bien y mal al menos en los últimos 10 años, cuando estuvieron en mandos territoriales en estados con importante presencia del crimen organizado.”
¿Y si en el proceso contra García Luna salen a relucir los nombres de comandantes y jefes de las fuerzas armadas, muchos de los cuales han sido asignados —sin medir los peligros que entraña— al mando de dos de las áreas más sensibles para el comercio ilegal de drogas: puertos y aduanas? ¿También se hablará de narcoestado?
Presidente de Grupo Consultor Internacional. Twitter: @alfonsozarate
