Ante la gravedad del desafío que las organizaciones criminales lanzaron al gobierno de Ecuador —estallido de coches bomba, secuestro de policías, fuga de presos, trifulcas carcelarias, balaceras en las calles y asalto a las instalaciones de una televisora en Guayaquil—, el presidente Daniel Noboa decretó el Estado de excepción, declaró terroristas a 22 organizaciones criminales y ordenó a las fuerzas armadas combatir a los delincuentes (al menos tres de estas organizaciones tienen nexos con los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa).
En diciembre, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, descubrió el caso Metástasis, “el mayor operativo contra el narcotráfico en Ecuador con más de 30 jueces, policías, abogados, peritos y guías penitenciarios detenidos, entre ellos un jerarca judicial de alto rango“ (José Meléndez, corresponsal de EL UNIVERSAL, miércoles 10 de enero).
En México, las bandas criminales solían limitarse a la protección de las rutas para el tráfico de las drogas y eludían la confrontación con las corporaciones policiales, no ha sido el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Son muchos los episodios que muestran su vocación por la violencia, un ejemplo: en la mañana del lunes 14 de octubre de 2019, emboscaron un convoy de la policía de Michoacán a la altura de la comunidad El Aguaje, del municipio de Aguililla; el ataque dejó trece agentes muertos y nueve heridos. Otro más: en agosto pasado, la quema de unidades del transporte público y de tiendas Oxxo en León, Irapuato, Celaya y Zapopan. La respuesta de las fuerzas públicas fue, como es costumbre, tardía e infructuosa.
Como ocurre en Ecuador, en México los grupos criminales están desbordados, han conocido la experiencia de enfrentar a las fuerzas federales y se han vuelto adictos a la violencia. Tienen muchas ventajas: armamento sofisticado y potente, el conocimiento del terreno en que se mueven, la complicidad o la inacción de autoridades y el factor sorpresa.
Ni las autoridades estatales ni las federales han tomado en serio el desafío de las bandas criminales. Día tras día la violencia crece ante el pasmo o la complicidad de las autoridades; y la participación de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas solo pretende un efecto disuasivo por la decisión del presidente de no confrontar a los delincuentes, de renunciar al ejercicio de la violencia legítima porque, según dice, no se combate el mal con el mal, ni se apaga el fuego con el fuego. Lo que no entiende López Obrador es que la razón de ser del Estado es la protección de la vida y patrimonio de los habitantes, que para eso existen las fuerzas del orden y que su repliegue solo sirve para empoderar a los criminales.
Cuándo entenderá el gobierno que la dimensión del desafío criminal reclama un acercamiento urgente e integral que involucre a todo el aparato gubernamental (los tres poderes y los tres órdenes del gobierno), la academia, los empresarios, los medios de comunicación y la sociedad civil.
