Todo apunta a que desde las instancias de poder —la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), significativamente— se arman expedientes, se construyen hipótesis y se amedrenta a los adversarios; como en los peores tiempos del PRI, el uso de los instrumentos coercitivos del Estado para doblar a un personaje incómodo.
En la renuncia de Eduardo Medina Mora lo que prevalece es el desapego a la ley y el torpe procesamiento de un tema delicado. Mario Maldonado, en un texto intitulado “Así ahorcaron a Medina Mora” publicado en estas páginas, recupera las instrucciones de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibidas el viernes 4 de octubre para bloquear las cuentas del aún Ministro, así como la contraorden, pocas horas después de la renuncia, para desbloquearlas.
La manera en que Medina Mora renunció es deplorable porque incumple el mandato constitucional. El Artículo 98 establece de manera inequívoca: Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Sin embargo, en su renuncia no menciona causa grave alguna; el presidente López Obrador la aceptó a pesar de no cumplir con el mandato constitucional, e igual hicieron los senadores; el completo desaseo.
En estos días aparecen distintas revelaciones —publicadas en EL UNIVERSAL— sobre el desempeño cuestionable de Medina Mora como ministro y, antes, como director del CISEN, secretario de Seguridad Pública federal y procurador general. Se impone preguntar si se investigarán esas conductas o si la renuncia implicará “perdón y olvido”.
La Suprema Corte, ¿contrapeso?
En un programa de televisión del Canal Once conducido por Sabina Berman y John Ackerman, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, aclaró que no ha recibido presión ni recomendación alguna del presidente López Obrador. Fue más allá: reveló que él mismo fue presionado por el presidente Calderón; no precisó, sin embargo, en qué consistieron esas presiones ni cuál fue su desenlace. Pero sorprenden los dichos de Zaldívar porque ignora que con harta frecuencia, desde las conferencias mañaneras el titular del Ejecutivo acusa e intimida a jueces y ministros.
El ministro Zaldívar también ha dicho que la Corte no es un partido de oposición. Es evidente que la Corte no es ni le corresponde jugar el papel de fuerza política en contienda, pero en la teoría clásica de la división de poderes, al Judicial le corresponde garantizar la constitucionalidad de las acciones de gobierno, impedir los excesos del poder y, en esa tarea, es un contrapeso.
En Estados Unidos se habla de un sistema de “check and balances”. Sin embargo, en la mayor parte del siglo XX, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una instancia al servicio del Ejecutivo que favorecía la impunidad, lo que explica porqué los jueces son reprobados por la sociedad. Sin embargo, ante la conducción atropellada y atropellante de este gobierno, algunos jueces y, particularmente, ministros de la Suprema Corte, han estado cumpliendo un papel de contención, revisando la constitucionalidad de diversas decisiones; quizás por ello este gobierno está moviendo sus piezas para avanzar en el control del único Poder que no está aún sometido.
La renuncia de Medina Mora porta un mensaje intimidante para el Poder Judicial. Pero, quizás, más importante es la señal que deja la concatenación de distintos hechos: el poderoso abogado Juan Collado —que en la fastuosa boda de su hija exhibió los arreglos del poder político con el Judicial— está en la cárcel; también Rosario Robles, operadora político-electoral y mujer de confianza de los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, y clave en enormes desvíos de recursos públicos hacia empresas fantasma (La Estafa Maestra)… El cerco se va estrechando, pero no lo entiende así Peña Nieto.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
