Hay una fotografía tomada el primero de diciembre de 2012, en la que aparecen los gobernadores de todos los partidos y al centro, Enrique Peña Nieto; eran los días de gloria para el partidazo, habían regresado al poder los que sí sabían como hacerlo y se mostraban exultantes.
En aquel retrato aparecen, entre otros, César Duarte, de Chihuahua; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fausto Vallejo, de Michoacán; Andrés Granier, de Tabasco, y Roberto Sandoval, de Nayarit.
Antes de enfrentar las acusaciones por un catálogo de delitos que incluyen peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, e incluso en algunos casos acusados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, varios de esos gobernadores se fugaron del país y tiempo después fueron localizados y extraditados a México: Borge fue traído de Panamá; Javidú, de Guatemala; a César Duarte lo traerán de Estados Unidos.
Algunos han librado las acusaciones, otros, como Rodrigo Medina, solo pisaron la cárcel por unas horas y otros más, como Granier pasaron cinco años recluidos y salieron para cumplir un arraigo domiciliario por razones de edad.
El miércoles 8 de julio, mientras tenía lugar el encuentro Trump-López Obrador, las autoridades estadounidenses anunciaron la captura de César Duarte. Finalmente habían sido atendidas las denuncias de la sociedad civil chihuahuense sobre los malos manejos del entonces gobernador. La solidez de las carpetas armadas por la Fiscalía de Chihuahua y la coordinación con la FGR permitieron la captura de Duarte con propósito de extradición.
Durante su mandato, Duarte mostró un voracidad sin límites; parte de esa riqueza la compartieron funcionarios, empresarios y sacerdotes. Pero también su partido, el PRI. Algunos están ya en prisión y están siendo procesados. Lo que sigue es que lo traigan a México, que reciba una sentencia ejemplar y que se recuperen esos recursos multimillonarios que fueron extraídos de la hacienda pública.
El caso de Emilio Lozoya
Después de ser capturado en España, Lozoya mantuvo por un tiempo su estrategia de defensa, su entonces abogado, Javier Coello Trejo, soltó muchas veces la frase: “no se mandaba solo”, quizás pensando que temeroso de quedar en la mira, Enrique Peña podría lograr un arreglo, la impunidad, en la cima del poder.
Pero, tal vez, los apretones a su esposa, madre y hermana, y las conversaciones con su padre, llevaron a Lozoya a aceptar ser repatriado a México donde, según se sabe, aportará información muy sensible sobre la compleja trama de triangulación de operaciones, los autores intelectuales, las empresas confabuladas (Odebrecht, OHL, AHMSA y otras) y los destinos de esos fondos, presumiblemente para dos destinatarios principales: el PRI para la operación político-electoral y los bolsillos de una red política encabezada por el propio presidente Peña y su alter ego, Luis Videgaray.
Completa el cuadro la localización en Canadá de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR y quien también formó parte del núcleo de Peña Nieto, desde los días en que gobernaba el Estado de México. Zerón fue clave en las investigaciones sobre los hechos de la noche trágica de Iguala y en estos días se difundió un video en el que participa en la tortura de uno de los presuntamente implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Lo cierto es que los caso de César Duarte, Emilio Lozoya y Tomás Zerón, tienen varias cosas en común, por una parte, los tres formaron parte de la pandilla, una verdadera cleptocracia, que en un tiempo encabezó Arturo Montiel y después su sobrino, Enrique Peña Nieto, y los tres no tienen llenadera: residencias fastuosas, colección de automóviles de lujo, cuentas en paraísos fiscales. Los tres tienen mucho que contar… Pero esto apenas comienza.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
