En diversas entrevistas Jaime Cárdenas Gracia ha expuesto la realidad con la que se topó en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado (Indep): todo o casi todo es negocio: la destrucción o el avalúo de bienes, las subastas tanto presenciales como electrónicas, el robo de piedras preciosas a las joyas incautadas o el cálculo indebido de los precios de los bienes.
Lo que denuncia Cárdenas no es solo el desorden administrativo en una institución que debe mil millones por laudos laborales y otras cantidades millonarias a empresas proveedoras, es el comportamiento claramente tramposo e, incluso, delictivo de quienes, se supone, deberían cuidar los bienes robados que se devolverían al pueblo.
Como ha ocurrido tras otras renuncias como la del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el mensaje presidencial es muy claro: lo que se espera de los funcionarios de este gobierno es una lealtad absoluta, “a ciegas”, al proyecto, pero el proyecto es el presidente. La consigna para sus adeptos es denunciar a grito pelado las irregularidades reales o imaginarias del pasado, pero, en contraste, encubrir, callarse o, si acaso, tratar de arreglar con discreción las transas que se descubran de los militantes de la 4T. Por eso son tan odiosos los medios y las organizaciones sociales que las señalan.
Cada vez es más evidente el enojo del presidente ante la exhibición de los errores o peor aún de la corrupción en distintos espacios de la administración pública. Por eso injuria a un antiguo colaborador de trayectoria impecable llamándole politiquero y flojo.
Algunos de los que se están deslindando —va creciendo el número de renuncias de funcionarios de alto nivel— intuyen que, en un futuro no muy lejano, sus acciones u omisiones podrán ser sujetas a juicios de responsabilidad que podrían llevarlos a la inhabilitación o incluso a la cárcel. El manejo a la pandemia, por ejemplo, expresa una negligencia criminal que ha cobrado miles de vidas.
El Presidente propone una consulta al pueblo para que decida si se debe investigar y, en su caso, sancionar a los expresidentes. Pero nadie en su equipo —ni su consejero jurídico ni la secretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia— se atreve a decirle que la propuesta es notoriamente inconstitucional. Y después de darse a conocer el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que califica la consulta como “un concierto de inconstitucionalidades”, el presidente llama a los ministros a no dejarse intimidar y a escuchar los sentimientos del pueblo.
Mañana el pleno de la Corte revisará el proyecto del ministro Luis María Aguilar y decidirá; es mucho lo que está en juego. Una resolución aberrante para complacer al señor Presidente, la marcaría con el desprestigio y la indignidad.
Posdata
Mientras prevalezca la idea de que para asignar una responsabilidad lo que cuenta es la supuesta honradez y que la experiencia y los conocimientos son secundarios, irán multiplicándose los desbarajustes en la administración pública y también los desfalcos.
