En las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos hay ingredientes inverosímiles, no resulta creíble que un militar con 50 años de trayectoria y cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera militar hubiera caído en la tentación de desviarse.
Por otra parte, jugar a favor de un grupo criminal es más fácil y tiene menos riesgos si se hace desde el terreno, es decir, desde la zona o la región militar. Pero intentar proteger a un cartel o la derivación de un cártel, desde la posición más alta del Ejército implica mover cadenas de mando, construir complicidades y dejar rastros imposibles de borrar. Un hombre tan experimentado, ¿habría sido tan ingenuo? Por eso será indispensable conocer la solidez de las pruebas en su contra, más aún cuando sobran las evidencias sobre la corrupción y el manejo tramposo de la DEA, la CIA y otras agencias de inteligencia norteamericanas.
Pero lo que no puede ignorarse es que a los analistas y a los tomadores de decisiones en las áreas de inteligencia del país vecino, debe perturbar la estrategia gubernamental hacia los cárteles de la droga: “abrazos, no balazos” y no debieron pasar inadvertidos dos hechos con enorme simbolismo: 1) la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán por instrucciones del presidente de la República y 2), la decisión del presidente durante una gira por Badiraguato, de acercarse a saludar a doña Consuelo Loera Pérez, la madre de El Chapo Guzmán.
La detención de Cienfuegos y las evidencias aportadas a partir de “miles de llamadas interceptadas”, confirman que las agencias norteamericanas realizan tareas de espionaje de altos funcionarios del gobierno mexicano, que así como espiaban al general secretario, lo hacían y lo hacen con otros funcionarios de alto perfil y, porqué no, a los mismos presidentes de la República, incluido el actual.
Es mucha la información que en forma directa o bien a través de sofisticados instrumentos tecnológicos captan sus agentes desplegados en suelo mexicano, a la que se agregan las delaciones de distinta verosimilitud de los criminales extraditados a Estados Unidos y persuadidos de obtener una reducción a sus penas a cambio de informar sobre sus redes políticas de protección, incluso algunos se han convertido en testigos protegidos.
Los expedientes en manos de fiscales norteamericanos contienen información suficiente para descarrilar las carreras políticas de personajes en posiciones clave del Estado mexicano o, al menos, para intimidarlos y chantajearlos.
Ya están en prisiones norteamericanas el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna, y ahora Salvador Cienfuegos y las autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado a México la captura con propósitos de extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Lo que se está configurando en Estados Unidos es un maxiproceso en el que la clase política mexicana está siendo sentada en el banquillo de los acusados.
