En un gobierno democrático, la Consejería Jurídica tendría que ser una oficina imprescindible, integrada por juristas encargados de asegurar que las decisiones, los decretos y las iniciativas del titular del Ejecutivo estén sustentados en la Constitución y en las leyes. No es el caso en la llamada 4T. Las pifias jurídicas de este gobierno son notables. Una de las mayores fue la pretensión de enmendarle la plana a la Constitución a través de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prorrogar el mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Sin embargo, en el gobierno del presidente que dice que entre el Derecho y la justicia, hay que optar por la justicia (como él la entiende) y que parece convencido de que 30 millones de votos lo facultan para gobernar sin límites legales, la Consejería Jurídica ha estado en manos de ineptos o de abyectos, que no tienen el valor civil para hacerle notar al presidente la inconstitucionalidad o la ilegalidad de algunas de sus decisiones. El desprecio del presidente hacia el Derecho se expresa en un hecho: a la salida de Scherer, la Consejería Jurídica acuerda con el secretario de Gobernación.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos Cervantes, se convirtió en una instancia muy poderosa que intimidaba a ministros de la Suprema Corte de Justicia, imponía como funcionarios públicos a sus recomendados (su primo Raúl Cervantes, procurador general de la República). Pero algo peor ocurre hoy, sobre Julio Scherer Ibarra, el hijo de un periodista incorruptible, pesan denuncias que lo exhiben como un vulgar traficante que utilizó su cercanía al presidente para establecer una red para extorsionar y obtener jugosas ganancias. El departamento en Park Avenue de Nueva York —una de las avenidas más caras del mundo— fue apenas un indicio de los extraños manejos de Scherer Ibarra. Pero su injerencia en ámbitos ajenos a su competencia no puede explicarse sin la aprobación del presidente López Obrador.
Cuando ya sonaban pasos en la azotea, Scherer renunció; habló del fin de un ciclo cuando están pendientes reformas de gran calado en materia electoral, eléctrica y de la Guardia Nacional. López Obrador le ofreció una despedida de lujo, dijo que es como su hermano y le dio crédito por la construcción de algunas de las iniciativas de reformas constitucionales que enorgullecen a su gobierno.
El hombre que decía que no mandaría palomas mensajeras ni halcones, hizo de Scherer el rudo emisario que intimidaba lo mismo a ministros de la Suprema Corte que a magistrados y jueces (era el principal apoyo del “magistrado billetes”, José Luis Vargas) e, incluso, ninguneaba a miembros del gabinete, especialmente a Olga Sánchez Cordero.
El tema no es menor para el país ni para el mismo López Obrador. Si en 2024 se produce una nueva alternancia o las oposiciones logran mayoría en el Congreso de la Unión, habrá muchas evidencias para llevarlo a juicio por violaciones graves a la Constitución y, quizás antes, el propio Scherer sea alcanzado por el brazo titubeante de la justicia.
@alfonsozarate
