Algo está muy mal cuando el 0.4% del universo de taxis de la Ciudad de México puede desquiciar a la capital del país, ante la dejadez de las autoridades.
Algo está muy mal cuando la marcha conmemorativa de la trágica tarde del 2 de octubre de 1968 —el recuerdo doliente de la brutalidad ordenada desde la cima del poder— sufre la infiltración de grupúsculos de vándalos que, como lo han hecho en marchas previas, desatan su furia contra todo lo que encuentran a su paso: edificios públicos, monumentos y negocios privados, ante el pasmo de la Policía.
Algo está muy mal cuando ante conductas claramente delictivas, el presidente López Obrador les advierte a los encapuchados que, en una de esas, los acusará con sus padres y abuelos para que les den sus jalones de orejas y zapes.
Algo está muy mal cuando los efectivos de las fuerzas armadas pueden sufrir el escarnio de comunidades que protegen a los delincuentes sin que haya consecuencias legales. Algo está muy mal cuando estudiantes de la Normal Rural de Tenería pueden secuestrar a 92 choferes durante una semana y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, cede a su extorsión: les entregarán las 84 plazas automáticas que exigen. Algo está muy mal cuando un grupo de policías federales inconformes con su traslado a la Guardia Nacional puede bloquear los accesos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México
El uso del Ejército contra los estudiantes congregados en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 y el halconazo del 10 de junio de 1971, marcaron a los gobiernos priistas con el síndrome de la inacción ante la protesta social; la falta de legitimidad los paralizaba, aunque no dejaron de actuar en las sombras, como ocurrió con la “guerra sucia”. Pero no era lo mismo actuar en el inframundo para secuestrar, torturar y desaparecer a los adversarios, que desplegar la fuerza pública contra marchas pacíficas a la luz del día.
En 1996 el presidente Ernesto Zedillo tomó una decisión que envió un mensaje perverso a los mandos policiales: cesó a David Garay, entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, por haber ordenado a la Policía contener una manifestación transgresora de la ley de miembros de la CNTE.
El año 2000 llegó la alternancia, pero los gobiernos del Partido Acción Nacional no supieron deslindarse de aquel estigma de la hemiplejia ante el pillaje.
Algo está muy mal cuando los propios comerciantes del Centro Histórico debieron armarse con palos para evitar que los vándalos asaltaran sus negocios. La omisión de los gobiernos federal y de la Ciudad de México para actuar frente a estas transgresiones genera condiciones para que se imponga la “ley de la selva”.
Desde hace muchos años, la sociedad está convertida en rehén de grupúsculos de distinta catadura, mientras los gobiernos faltan a su responsabilidad de proteger a ciudadanos pacíficos y al patrimonio cultural de la nación.
¿Cuándo nuestros gobernantes dejarán los pretextos y se pondrán de manera inequívoca de parte de los ciudadanos? ¿Cuándo se convencerán de que la violencia irracional —lo mismo la de los autollamados anarquistas que la de taxistas o del crimen organizado—, no se enfrentan con la inacción y menos con la banalidad de frases como “fuchi” o “guácala”, o con la advertencia de acusarlos con sus mamacitas? Los delincuentes interpretan la impunidad como un incentivo para extorsionar, secuestrar y asesinar porque no tendrá costos, pero no son los únicos que hacen esta lectura, también los inversionistas nacionales y extranjeros observan con asombro el desorden y el desapego a la ley; no habrá forma de frenar la recesión que se asoma cuando en este país se pueda delinquir sin consecuencias, cuando lo que impere sea un crimen sin castigo.
Presidente GCI. @alfonsozarate
