Resultado de un aparente acuerdo entre el Departamento de Justicia estadounidense y el gobierno de López Obrador, el general Salvador Cienfuegos vuelve a México. La decisión, repentina y sorprendente, anunciada en un comunicado conjunto por el abogado general de los Estados Unidos, William P. Barr y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, podría responder a alguna de estas hipótesis:
Que se haya impuesto la razón de Estado, es decir, que no obstante que hubiera evidencias que mostraran la presunta responsabilidad del general Cienfuegos (los americanos decían tener sólidas pruebas), hubieran prevalecido los enormes intereses del gobierno norteamericano en México que reclaman una relación especial, de cooperación, con el gobierno mexicano, la que sin duda se dañó severamente con la aprehensión del general Cienfuegos, especialmente, con las fuerzas armadas. La preservación de los acuerdos México-EU en materia de lucha contra los cárteles de la droga, habrían sido definitorios en el desistimiento del Departamento de Justicia.
Otra hipótesis es que hubiera sido el gobierno mexicano el que habría argumentado razones de seguridad nacional en un proceso que habría llevado al banquillo de los acusados a algunos de los principales jefes del Ejército mexicano (el general Cienfuegos no habría operado aislado de una cadena de mandos), lo que tendría efectos perturbadores sobre la gobernabilidad, más aún cuando el presidente López Obrador decidió convertir a las fuerzas armadas en las grandes protagonistas de la 4T. La ropa sucia se lava en casa y más cuando se trata de un extitular de la Defensa Nacional.
Pero no puede ignorarse otra interpretación: que las acusaciones no se sostenían y que una detención de ese calibre hubiera respondido a una lógica atropellada y sin sustento —nada excepcional tratándose de la DEA—, de manera que fuera previsible que en la medida en que avanzara el proceso, fueran exhibidas las inconsistencias de la acusación, y por los tiempos judiciales y políticos, le correspondiera a la administración Biden echarlas por tierra exhibiendo el manejo faccioso de las agencias de inteligencia y del Departamento de Estado de la administración Trump.
Es posible que la extraña resistencia del presidente López Obrador para reconocer el resultado electoral de la elección presidencial en Estados Unidos, es decir, el triunfo de Joe Biden, haya tenido que ver, por una parte, con el temor de un “coletazo” de Trump en los días que faltan para la entrega del poder (acaba de despedir al director del Homeland Security porque rechazó la idea de un fraude generalizado) y, por la otra, que tuviera el propósito de no lastimar las negociaciones que estaban en curso para la liberación del general Cienfuegos.
Como ha ocurrido en otras materias, de nueva cuenta el canciller Marcelo Ebrard prueba su eficacia, una rara cualidad en un equipo en el que prevalece la ineptitud.
