En el nuevo gobierno el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes… el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas.
-Andrés Manuel López Obrador. 9 de agosto de 2018.
Para un hombre asediado por sus obsesiones, que exige unanimidad y para quien cualquier disonancia se convierte en amenaza, las resistencias que encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para imponer su voluntad le resultan intolerables y, en un malabarismo insólito, convierte esas resoluciones en intentos de “un golpe de Estado técnico”; finge no entender que la razón de ser de la Corte es garantizar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo infrinjan el orden constitucional.
El primer golpe al más alto tribunal llevó a la salida del ministro Eduardo Medina Mora el 3 de octubre de 2019; lo sustituyó una incondicional, Loretta Ortiz. Desde entonces fue evidente que este gobierno estaba dispuesto a recurrir a lo que fuera para apoderarse del Poder Judicial.
Al no alcanzar, en las elecciones intermedias de 2021, la mayoría calificada indispensable para reformar la Constitución, López Obrador decidió incursionar por una vía imprudente y de alto riesgo: enmendarle la plana a la Carta Magna a través de la legislación secundaria o de decretos; casi lo logra gracias a la sumisión de tres ministros: Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que cumplen el indigno papel de siervos del presidente.
Desde que se frustró el intento inconstitucional de prorrogar el mandato del ministro Zaldívar, y más adelante, cuando fracasó el proyecto de convertir a la ministra Yasmín Esquivel en presidenta de la SCJN, López Obrador ha emprendido una ruda campaña de hostigamiento a los ministros, que hasta ahora no se han doblegado.
Para someterlos ha dicho que la Corte está podrida, ha llamado a sus integrantes “corruptos y enemigos del pueblo” y, en el colmo, advierte sobre “un golpe de Estado técnico”.
No, los ministros no pretenden paralizar el gobierno —como denuncia López Obrador—, solo se proponen impedir la vigencia de leyes inconstitucionales y que el gobierno carezca de los límites que le imponen la Constitución y las leyes.
Siguiendo las consignas y los mensajes de odio que propaga el presidente desde Palacio Nacional, algunos morenistas se han plantado frente a la puerta principal de la sede de la Corte para insultar e intimidar a los ministros. ¿Cuánto falta para que uno de esos sujetos decida apedrear las ventanas del edificio o que otros decidan asaltarla?
El verdadero golpe de Estado sería la captura del Poder Judicial, lo que le permitiría al presidente alcanzar los propósitos que ha tenido de tiempo atrás: desnaturalizar al INE, desaparecer al Inai, militarizar la vida pública… gobernar sin contrapesos.
No es un tema menor. Lo que está en juego es la preservación de nuestras instituciones democráticas.
