Las declaraciones ante un juzgado norteamericano del narcotraficante Jesús Zambada, El Rey, en las que afirma haber entregado a Genaro García Luna una maleta repleta de dólares (entre tres y cinco millones), han disparado una serie de “revelaciones” viejas y nuevas y juicios sumarios que parecen establecer la culpabilidad del secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. El proceso no se ha iniciado aún, pero no importa: la sentencia ya está cumpliéndose.
Lo que experimenta en estos días García Luna es el duro tránsito de un poder sin contrapesos al desamparo. De haber sido el preferido del presidente Calderón e interlocutor privilegiado de las agencias de inteligencia norteamericanas, al escarnio; de la condición de “súper policía”, a la del indiciado por haber protegido al Cártel de Sinaloa.
García Luna fue el arquitecto de una poderosa secretaría que, solo en el último año de la administración calderonista, ejerció un presupuesto de más de 44 mil millones de pesos; la Plataforma México fue un instrumento costosísimo de alta tecnología que formó parte de los recursos de la SSP. En aquellos días, su preeminencia en el gabinete de seguridad nacional era casi total.
De ser verdaderas las acusaciones de proteger al Cártel de Sinaloa, todo esto habría ocurrido ante los ojos de la DEA, la CIA y el FBI, significativamente, que lo colmaron de reconocimientos y condecoraciones.
El notorio incremento en el patrimonio de García Luna no podría explicarse, ciertamente, por sus ingresos como funcionario público; pero podría tener que ver con los recursos a disposición de su firma de consultoría GLAC con socios de grueso calibre: José Rodríguez, exjefe de la estación de la CIA en México; el general colombiano Luis Montenegro, que encabezó la lucha contra el Cártel de Cali; Carlos Villar y Larry Holifield, exfuncionarios del FBI y de la DEA, respectivamente.
¿O fue por “moches” en el ejercicio de un presupuesto cuantioso, por tráfico de influencias o por todo esto junto? Peniley Ramírez ha identificado los extraños vínculos de García Luna con los Weinberg (esposo e hijo de Silvia Pinto Mazal, socia de Julia Abdala, la novia de Manuel Bartlett), metidos de tiempo atrás en el negocio de equipo de espionaje y dueños de las suntuosas propiedades en las que se hospedaban los García Luna en Miami.
Sin importar las abolladuras a nuestra soberanía, desde hace muchas décadas diversas agencias de inteligencia norteamericanas actúan con toda libertad en México. Tienen información comprometedora sobre las redes políticas de protección a los criminales y las usan cuando les conviene: ¿no fueron Gustavo Díaz Ordaz (Litempo 2) y Luis Echeverría (Litempo 14) colaboradores de la CIA? Pero esos arreglos mantienen su vigencia mientras son productivos. Entonces, pueden conocer y tolerar sus desviaciones; después, cuando dejan de ser útiles, son desechables. Podríamos estar ante un caso similar: tírese después de usar.
En esa perspectiva, no puede descartarse que García Luna negocie mejores condiciones en su condena a cambio de revelar mucho de lo que sabe; lo que llevará a un “salpicadero” que, desde ya, debe tener temblando a muchos “respetables” funcionarios de, por lo menos, los últimos tres sexenios. Pero habrá que esperar porque, esto, apenas comienza. No adelantemos vísperas.
Posdata
Por cierto, ¿será verídica la información sobre una valiosa propiedad en Bahía de Quino, Sonora, que el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo le compró en 2012 en solo 2 millones de pesos a Amado Carrillo Barragán, hijo de El Señor de los Cielos?
