El viernes 26 de junio, a las seis treinta y ocho de la mañana, la violencia en la Ciudad de México escaló. En el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec, una de las más opulentas de la capital, la tranquilidad de esas horas se interrumpió con la feria de las balas: más de cuatrocientos casquillos fueron percutidos.
En un operativo en el que participaron 28 sicarios fuertemente armados, divididos en cuatro células dispuestas para actuar en puntos previamente escogidos, se emboscó al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch; su vehículo con blindaje de nivel siete resistió, pero perdieron la vida dos de sus escoltas y una mujer que circulaba por el lugar.
Con raras excepciones, no parece estar en la lógica de los grupos criminales enfrentarse a las fuerzas públicas; lo intentan en un arrebato, como reacción ante la muerte o captura del jefe o un hijo del jefe, como ocurrió en el culiacanazo, o cuando no tienen otro remedio. Sin embargo, en los últimos años, algo ha llevado a Nemesio Oseguera, El Mencho, a retar y atentar en contra de las fuerzas públicas.
Dos experiencias sobresalen. El 14 de octubre de 2019 trece policías estatales fueron asesinados a la altura de la población Aguililla, en el estado de Michoacán; el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó el operativo. Antes, el 19 de marzo de 2015, en Ocotlán, Jalisco, se dio otra emboscada también atribuida al CJNG, en la que murieron once personas: cinco agentes asignados a la división de Gendarmería, tres delincuentes y tres civiles.
En México se han asesinado lo mismo a generales que a presidentes municipales y secretarios de seguridad pública, y en casi todos los casos la reacción gubernamental ha sido floja y burocrática. Esta vez, sin embargo, llama la atención la eficacia con la que, en unas cuantas horas, fueron detenidos diecisiete de los presuntos implicados en el atentado. Pero no hay espacio para ingenuidades; una y otra vez, supuestas o reales fallas en el procedimiento han permitido poner en libertad a criminales convictos, sería imperdonable que se repitiera el caso. Por lo pronto, José Armando, El Vacas, presunto autor intelectual del atentado contra García Harfuch, solo fue imputado por cohecho, portación de armas y narcomenudeo.
El mismo día del atentado a García Harfuch, fue liberado en Guanajuato con una fianza de diez mil pesos, Rodolfo Juan “N”, padre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, jefe del denominado Cartel de Santa Rosa de Lima, y casi de inmediato fue dejada en libertad la madre de El Marro porque la aprehensión se realizó sin que hubiera la correspondiente orden de aprehensión.
Se sabe que, unas semanas atrás, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino una llamada en la que el CJNG identificó a los objetivos prioritarios para sus atentados: el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el propio Omar García Harfuch. Al parecer se trató de una reacción feroz del cártel ante el bloqueo de más de mil novecientas treinta y nueve cuentas, la extradición del hijo del Mencho y otras acciones.
No pueden desestimarse los posibles impactos si, en lugar del jefe policiaco capitalino, la víctima hubiera sido el canciller Marcelo Ebrard o el secretario Alfonso Durazo; y, peor aún, si alguno de ellos hubiera sido asesinado.
En esa perspectiva, es indispensable revisar los protocolos de seguridad para todos los miembros del gabinete y, de manera urgente, los que atañen al Presidente y su familia. No es un asunto de voluntad personal sino cuestión de Estado. Porque, al margen de la racionalidad del operativo fallido, el CJNG ya cruzó la línea. Más vale que esto se entienda.
Presidente GCI. @alfonsozarate
