Del ideal democrático: que una sociedad lastimada por un mal gobierno pueda exigir la terminación anticipada del mandato, se pasó a un ejercicio inútil, desaseado y costoso. No estaban dadas las condiciones para realizar esa consulta: todas las encuestas muestran la solidez del apoyo al presidente —apoyo que se explica, en lo fundamental, por los recursos que dispersan sus programas sociales (“amor con amor se paga”)—; quienes lo impugnan —los sectores más informados, de mayor nivel educativo y poder adquisitivo—, siendo numerosos, son minoría.
Sin embargo, atropellando la ley, el aparato gubernamental y el partido oficial desplegaron todas sus malas artes para lograr el número de firmas necesarias para ordenar la consulta. Por su parte, la Cámara de Diputados le recortó el presupuesto al INE mientras le exigía instalar más casillas, y en las semanas previas al domingo el presidente intensificó su embestida contra la autoridad electoral al tiempo que se cubría todo el país con una campaña de propaganda —con un financiamiento incierto— cuyo lema fue: “Que siga AMLO”.
Como en los tiempos dorados del PRI, la maquinaria oficial recurrió a todo: a la promoción ilegal de la consulta, al acarreo y, en un extremo, en las zonas más pobres les advirtieron a los beneficiarios de sus programas que tenían que acudir a las urnas porque si se iba López Obrador —lo que nunca estuvo en riesgo— perderían sus pensiones.
Convirtieron así una consulta para la revocación del mandato en una jornada para ensalzar al presidente y medir sus fuerzas para lo que viene; todo ello a un costo inaudito en un país con graves carencias (en el sector salud, por ejemplo, la falta de medicinas y vacunas para los más pequeños, o en el educativo, la cancelación de las escuelas de tiempo completo).
Pero la consulta del domingo le servirá también al INE porque le permitirá identificar los “focos rojos”: las zonas, sobre todo en las comunidades más atrasadas, en las que tendrá que desplegar observadores para amarrarle la mano a los “mapaches”.
Lo que sigue es perturbador: el presidente presentará en los próximos días una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que, de aprobarse, implicará la sustitución del Instituto Nacional Electoral por un organismo plegado a su voluntad. En palabras de López Obrador, será el pueblo quien elija mediante el voto a las autoridades electorales. En la realidad, y dado que el presidente “encarna al pueblo”, sería él quien decidiría a los organizadores y al árbitro de las contiendas electorales.
Quizás lo más perturbador de la consulta del pasado domingo es que mostró hasta dónde está dispuesto a llegar el aparato gubernamental para conservar el poder. En 2024 se intentará una elección de Estado: el despliegue cínico de la operación tamal, el carrusel y las urnas embarazadas; regresarán las casillas zapato o con votos de más del 90 por ciento a favor de Morena. El domingo quedó claro que quienes invocan una superioridad ética están dispuestos a todo con tal de conservar el poder.
