Hoy se cumplen diez años de la noche trágica de Iguala, la noche en que un grupo de muchachos de la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que habían llegado a Iguala a secuestrar camiones para perpetuar el ritual: como cada año, acudir a la conmemoración de la noche de Tlatelolco, encontraron su propio 2 de octubre.
Nadie ha podido explicar el porqué de la saña desatada por esa caterva integrada por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos que los levantaron, los amontonaron como reses en camionetas y camiones de redilas y se los llevaron a destinos aún inciertos para asesinarlos y desaparecerlos.
Bajo el manto protector de la pareja criminal formada por José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, Iguala se había convertido en un narco-municipio. Nadie en el gobierno supo nada. Todo ese terror (extorsiones, asesinatos, desapariciones) era un secreto a voces que ignoraba el gobierno del estado —su fiscalía, las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública—, pasó de noche para las agencias de inteligencia y acontecía ante la presencia impasible de los soldados acantonados allí mismo. y de su comandante, el coronel José Rodríguez Pérez.
Lo que siguió fue la detención de los presuntos implicados, más de ciento cincuenta entre policías y miembros de la banda criminal, sus interrogatorios, la integración de las carpetas y las consignaciones ante los jueces.
El 27 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam resumía: 39 confesiones, 487 pruebas periciales, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales lo llevaban a concluir, “que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden […] Ésta es la verdad histórica de los hechos”.
Los padres de los muchachos no compraron esa “verdad” que ignoraba la participación en los hechos de los militares. Llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avanzó en los hallazgos y denunció la resistencia de la Secretaría de la Defensa para entregar información relevante. El nuevo presidente, López Obrador, se comprometió a esclarecer el crimen, encontrar a los muchachos y castigar a los responsables y designó a Alejandro Encinas como titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario señaló al Ejército, denunció un crimen de Estado y encarceló al ex procurador y a una decena de militares.
En el nuevo trayecto de la investigación, homicidas confesos fueron liberados dizque por haber sido torturados, al final y ante la frustración y amargura de los padres, el propio presidente, como si fuera ministerio público, asumió personalmente la indagatoria que queda abierta.
Han transcurrido diez años y seguimos sin conocer dónde están los 43. Mientras tanto, en Iguala —como en el Gatopardo de Lampedusa—, todo mudó para seguir igual. “Los grupos armados cambiaron de nombre y las autoridades, de partido político; sin embargo, las complicidades entre unos y otros se mantienen, así como la violencia y las desapariciones.” (Arturo de Dios Palma, EL UNIVERSAL, 24 de septiembre de 2024).
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
