Si esto [la ampliación del periodo] garantiza la reforma, estoy de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador
Cada día que pasa son más notorios y toscos los intentos de la clase gobernante de usar su mayoría para deformar el sistema democrático y construir el país de un solo hombre.
En esa línea se inscribe la obsesión del presidente por desacreditar, someter o desaparecer instituciones que son producto de las luchas cívicas de las últimas décadas y fueron creadas para ser contrapeso al poder presidencial como el Inai, el IFE, el TEPJF y la CNDH.
La decisión senatorial de introducir un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prorrogar el mandato del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, se inscribe en esa lógica de mover o retener piezas claves del sistema político para apresurar lo que imaginan como un nuevo régimen.
Lo que se proponen es garantizar que la SCJN permanezca bajo la misma conducción hasta el final del periodo de gobierno de López Obrador. Todas las iniciativas arbitrarias e improcedentes del presidente llegarán vía el amparo o acciones de inconstitucionalidad a la Corte y, si Andrés Manuel tiene a Zaldívar al frente y una mayoría dócil en el Consejo de la Judicatura, se habrá apropiado del Poder Judicial.
La aprobación de la prórroga en el Senado muestra, por una parte, el apresuramiento por imponer esos cambios aún cuando signifiquen atropellar el orden constitucional. Les urge hacerlo ahora, mientras aún cuentan con sus mayorías en el Congreso de la Unión.
En segundo lugar nos habla del desprecio por la Constitución que, de manera inequívoca, establece en el Artículo 97: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.” La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede contradecir a la Constitución.
Por otra parte, no puede dejar de alarmar la confabulación de actores relevantes de la clase gobernante para promover (así sea con su silencio) este atropello. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es ministra en retiro de la Suprema Corte, el líder de la bancada de Morena en el Senado es doctor en Derecho y la Presidencia de la República dispone de una Consejería Jurídica, pero todos se prestan a este despropósito. También lo hace el silencio del ministro Zaldívar, hombre de leyes que debería, por principios, rechazar la posibilidad de extender de modo fraudulento su presidencia.
Y, lo más grave es que frente a esta obsesión por doblar a los contrapesos constitucionales y construir el país de un solo hombre, la mayoría de los legisladores y las dirigencias de la presunta oposición, se muestran omisos o blandengues y los organismos del sector empresarial (Enoch Castellanos, presidente de Canacintra, es una notable excepción) permanecen atemorizados y sumisos. Malos presagios.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
