Durante mucho tiempo se impuso en los medios de comunicación una máxima: “hay tres instituciones intocables: el señor presidente, la Virgen de Guadalupe y las Fuerzas Armadas”. Unos años más tarde, en los días de Ernesto Zedillo, Carlos Monsiváis ironizaba: “Hoy no se necesita valor civil para criticar al presidente, se necesita para defenderlo”.
Fue el propio abad de la basílica de Guadalupe, monseñor Guillermo Schulemburg, quien desmontó el mito de la guadalupana. Schulemburg era un señor de varias vidas y de varias mujeres; como otros “notables” de la Iglesia católica predicaba la pobreza, pero practicaba la avaricia, la lujuria y otros pecados capitales.
A partir de 1946, dejaron de gobernar los militares, se disciplinaron al mando civil y cumplieron con eficacia las tareas que se les encomendaron, incluyendo aquellas tan repugnantes como la de asesinar al líder campesino Rubén Jaramillo y a su esposa embarazada, la represión a movimientos sindicales como el ferrocarrilero y el magisterial, y el crimen más horrendo: el del 2 de octubre de 1968. Aunque los soldados solo cumplieron órdenes, se quedaron con el oprobio. No ha sido fácil que se olviden esos capítulos siniestros de la historia reciente, pero sus tareas de auxilio a la población en casos de desastre han mostrado la otra cara: su generosidad y heroicidad.
Aunque suele olvidarse, cuando empezó a desbordarse la delincuencia en los años 90, el presidente Zedillo dispuso que los soldados dejaran los cuarteles para sumarse a la lucha contra las bandas criminales. Más tarde, Felipe Calderón ordenó un despliegue mayor. Sus críticos repiten la gracejada: “picó el avispero”, ignorando que en Michoacán, como en Tamaulipas y otras entidades, la mancha delincuencial avanzaba imponiendo su ley ante el pasmo de los gobernadores o la complicidad de las autoridades locales; no era admisible la parálisis gubernamental ante la inminencia de convertir anchas franjas del territorio nacional en tierra de narcos.
Hoy, el presidente López Obrador no sólo no ha regresado a los soldados a los cuarteles sino que ha desplegado la mayor fuerza militar que se registre para enfrentar el desbordamiento criminal. Lo ha hecho, sin embargo, imponiéndoles un mandato que contradice toda la lógica militar: resistir estoicamente las agresiones de las turbas. Y, entonces, se van repitiendo en distintos puntos del país, escenas que perturban: las agresiones del “pueblo bueno” a soldados a quienes, incluso, despojan de sus armas.
La difusión de los videos donde la gente de comunidades infectadas por el crimen (huachicoleo, principalmente) humilla a los militares, indigna y genera en la sociedad una sensación de impotencia, y entre los soldados, una rabia apenas contenida.
Once militares asesinados en lo que va del año; otros muchos vejados y ante la admirable templanza de los soldados, la respuesta enclenque de los altos mandos apenas corregida el pasado 7 de septiembre, cuando se aplicó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza en San Juan del Río, Querétaro, ante una multitud que saqueaba un tren y que reaccionó violentamente ante la presencia del personal militar.
En un comunicado fechado el 8 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad que “ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión, se actuará conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego a los Derechos Humanos”.
Ya era hora. Sin embargo, falta muy poco para que se presenten nuevos episodios de violencia colectiva contra los soldados y entonces veremos si, en efecto, los militares dejarán de recibir impasibles los ultrajes de delincuentes disfrazados de pueblo.
Presidente de GCI. @alfonsozarate
