El Salón Tesorería de Palacio Nacional se ha convertido en un oráculo que concentra, cada mañana, la atención de la República hacia un solo hombre y una sola voz, la del titular del “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. Fue allí donde, hace unos meses, durante una conferencia mañanera, el presidente definió el perfil de los “buenos” periodistas: son “los prudentes”, dijo, “los que no se pasan”. Desde allí también, en otras ocasiones, ha llamado a los profesionales de la prensa a ejercer un periodismo militante y a defender a la Cuarta Transformación.

Al presidente le molestan las disonancias y, cada vez más, parece disfrutar las lisonjas; quizás, por eso, donde hay un ejercicio crítico ve moros con tranchetes.

Con el transcurrir de los meses este síndrome de intolerancia se ha agudizado. Solo en las semanas recientes su gobierno ha pasado de imponer una sanción absurda y desproporcionada a la revista Nexos, cuyos aportes a la comprensión de este tiempo son valiosos, a acusar a distintas organizaciones de la sociedad civil (entre ellas México Evalúa, que dirige Edna Jaime, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por María Amparo Casar) de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras con el propósito de obstaculizar el proyecto del Tren Maya.

Solo con una gran ignorancia o mala fe puede negarse que estas organizaciones han hecho notables contribuciones a la democracia y al país. Si la Estafa Maestra está en la escena pública como uno de los casos más escandalosos de corrupción gubernamental que involucra a distintas universidades y tecnológicos públicos, es gracias a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por no hablar de sus investigaciones sobre el caso Odebrecht o de sus denuncias sobre tráfico de influencias desde los días de Peña Nieto.

Por su parte, los estudios acuciosos de México Evalúa han permitido advertir desviaciones graves en dependencias gubernamentales y sus propuestas para mejorar la gestión pública constituirían alertas para un gobierno sensato y democrático. Sin embargo, para quienes quieren imponer el silencio resulta intolerable que haya instancias que denuncien que alrededor del 78% de los contratos gubernamentales de la actual administración se asigna de manera directa, sin licitación; que compras cuantiosas se realizan a familiares de altos funcionarios y con escandalosos sobreprecios, y que es evidente el enriquecimiento sospechoso de algunos de los suyos.

¿Qué hay detrás de esta embestida contra organizaciones cuyos campos de interés son la justicia, la seguridad, el gasto público y la lucha contra la corrupción?

No se equivoque, presidente: los adversarios de la 4T están adentro, son los que se aprovechan de sus cuotas de poder para lucrar (empresas creadas de la noche a la mañana); los que reparten posiciones a los cercanos (parientes, compadres y amigos); son los que le calientan la cabeza todos los días. No, sus adversarios no son los mensajeros.

Presidente de GCI. @alfonsozarate

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