El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial de la Federación , pero que goza de independencia técnica y de gestión. Su principal función es salvaguardar la autonomía e independencia de los jueces respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, aún más, de limitar la influencia de intereses particulares en la impartición de justicia. Cualquiera de estas dos interferencias socavaría la noción de justicia, pues privilegiaría intereses particulares por encima del principio de legalidad.
Actualmente esa institución está integrada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres magistrados federales designados por el Pleno de la Corte, dos consejeros nombrados por el Senado de la República y uno más por el Presidente de la República. De esta manera, la composición colegiada de este órgano de siete integrantes encuentra su origen de diseño mixto en España e Italia, fundamentalmente. Ambos países tuvieron que transitar de una dictadura a un sistema político democrático de derecho; por ello, no todos sus miembros pertenecen al propio Poder Judicial, pues había que supervisar la transición en la renovación de los jueces por representantes de los tres poderes del Estado.
El pasado 30 de noviembre el Senado de la República emitió convocatoria para los interesados en ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal que dejó vacante la Dra. Loretta Ortiz , quien fue propuesta por el Presidente de la República como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el propio Senado. Los interesados comparecieron virtualmente hace unos días para defender su candidatura y, en principio, la cámara alta deberá designar a una mujer u hombre este mismo año para ocupar el asiento que dejó la hoy ministra.
Pero existe una vacante más en el Consejo de la Judicatura Federal. El espacio lo dejó un magistrado de carrera el pasado mes de noviembre, por lo que en este caso corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitir una convocatoria, seguramente a principios del próximo año, para elegir a una magistrada o magistrado de la judicatura federal que complete la integración del órgano colegiado. Como se recuerda, no tiene mucho tiempo que Bernardo Bátiz fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como consejero de la Judicatura Federal y Eva Verónica de Gyves Zárate por el Senado de la República en el mismo cargo. Por eso prácticamente estamos en presencia de la renovación del órgano que vigila a los jueces y que debe garantizar la sujeción de éstos a la ley, así como su independencia real frente a los demás poderes.
Esta función constitucional cobra una importancia mayor en momentos donde el Ejecutivo Federal ha criticado algunas decisiones judiciales con argumentos políticos, lo que podría poner en riesgo las condiciones estructurales del Consejo de la Judicatura Federal, que busca “eliminar toda subordinación objetiva del juez”. Debemos entender que mientras la imparcialidad obedece a un comportamiento individual del juez o de la jueza mediante el cual juzga con apego a la ley y la menor cantidad de prejuicios posible, la independencia depende de una configuración institucional y normativa que permita la existencia de garantías jurídicas que eviten la influencia de intereses de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) o de particulares sobre las y los miembros de la Judicatura.
Tiempos complejos para las juezas y jueces federales en México, donde el debate clásico entre Carl Schmitt y Hans Kelsen en torno a la defensa de la Constitución cobra vigencia. ¿Debe prevalecer la política sobre el derecho?
