Un escenario inédito. Los representantes de la base trabajadora de más de 55 mil servidores públicos y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), por votación mayoritaria, decidieron suspender indefinidamente sus labores en al menos 29 estados de la República. Materialmente pusieron cadenas y candados en los accesos de los juzgados y tribunales para impedir el ingreso al público en general y a los juzgadores y funcionarios que pretendían realizar ordinariamente sus labores jurisdiccionales. Lo anterior como una medida en contra de la reforma constitucional propuesta por el Presidente que pretende, según el comunicado de prensa de los trabajadores, “someter al PJF, único contrapeso entre los Poderes de la Unión… [y que] atenta contra los derechos de la base trabajadora, ya que se pretende eliminar la carrera judicial (de oficiales, actuarios y secretarios), como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales”.
Llama la atención que representantes de asociaciones civiles de los juzgadores federales y de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales hayan anunciado con anticipación, ante medios de comunicación, el paro de labores que afectaría la impartición de justicia sin que se hiciera un posicionamiento oficial a tiempo del Consejo de la Judicatura Federal, órgano constitucional, todavía hasta hoy, encargado de administrar y supervisar el servicio de justicia que están obligados a impartir todos los miembros del PJF. Me parece que la omisión puede explicarse con dos hipótesis: o es una acción concertada y acordada desde el propio Consejo, o una pérdida de autoridad y control en el gobierno de los jueces, por la falta de un liderazgo político que defienda los intereses de la Judicatura, que serán afectados con la mencionada reforma constitucional, que seguramente será aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre. Cualquiera de las dos explica la crisis que vivimos los mexicanos: se calcula que cada día se resuelven alrededor de 8 mil 700 expedientes en nuestro país y que los juzgados y tribunales federales han recibido cerca de un millón 200 mil expedientes durante 2024 con la esperanza de que se protejan nuestros derechos ante el abuso del poder y que, a partir de ahora, estarán suspendidos indefinidamente.
El filósofo y dramaturgo Gabriel Marcel escribió en su obra Los hombres contra lo humano que “no se trata de discutir que la idea de la persona y de los derechos de la persona ha sido con frecuencia utilizada superficialmente y en pro de las necesidades de la causa por parte de hombres a los que, en realidad, animaba una voluntad de opresión en beneficio de su camarilla o de su casta… Hay que mantener con la mayor energía posible la idea misma a condición de que no se queden en meras abstracciones, ni se reduzca a palabras, sino que, por el contrario, intenten encarnarse en las costumbres y en las instituciones, y constituyan la única salvaguarda imaginable contra un estado de barbarie tecnócrata que quizá sea lo más horrible que se pueda concebir”.
Así el escenario. Por una parte las instituciones encargadas de impartir justicia suspenden actividades bajo el argumento de que declarar un “paro nacional” es un derecho laboral, y por otra, el Poder Legislativo anuncia la desaparición de los cargos de las personas en las que se deposita el PJF bajo el argumento de que la corrupción impide la adecuada defensa de nuestros derechos.
Entiendo la disyuntiva que amenaza la estabilidad de los jueces en su cargo y la modificación que impedirá que aquellos que ya hicieron carrera judicial no podrán acceder, por ese método, a los cargos de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. Sin embargo, argumentativamente el paro es un contrasentido. Suspender la impartición de justicia es impedir su acceso al pueblo de México.
Académico de la UNAM