El nuevo paradigma constitucional respecto al método de la selección de los jueces revivió el debate teórico sobre la compatibilidad de un Tribunal Constitucional con el principio democrático. Por una parte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están legitimados por la voluntad popular, mientras que el Poder Judicial puede hacer valer su opinión técnica por encima de esos poderes sin contar con la legitimidad democrática. El principal crítico del Tribunal Constitucional es Carl Schmitt, quien sostuvo que atribuir a un tribunal de justicia la protección del orden constitucional supone partir de la idea falsa y abstracta que se tiene del Estado de Derecho en el sentido de que éste puede resolver jurídicamente cualquier litigio, incluso los de naturaleza política. Según el filósofo y jurista alemán un tribunal así, sería fácil de capturar e influir en sus sentencias.
Sin embargo, estoy convencido de que un Tribunal Constitucional ofrece más garantías de capacidad técnica y de imparcialidad al momento de interpretar la Constitución. El Poder Legislativo y el Ejecutivo están naturalmente influenciados por una ideología política o intereses de partido. Si bien los jueces constitucionales también pueden representar una ideología al momento de resolver los asuntos (conservadores o liberales), el sistema de precedentes y el método colegiado en la toma de decisiones hacen más efectivo el sistema que construyó Montesquieu al considerar que la libertad individual y política sólo se garantizan dividiendo en distintos titulares las tres potestades que existen en cada Estado, pues el poder sólo puede ser limitado por el poder. Por ello, en los supuestos de decidir si una ley es contraria o no a la Constitución, debe ser un tribunal especializado el encargado de defender la Constitución.
El debate está vigente. Por un lado, la doctrina de la división de poderes y la teoría de los derechos humanos, y por el otro, como sostenía Carl Schmitt, la unidad política del Estado. La justicia constitucional versus los principios de la democracia es lo que pretende enfrentar la reciente reforma constitucional que establece que el 1º de junio de 2025 se llevarán a cabo elecciones para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mitad de la Sala Superior y las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, las cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los cargos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin embargo, sostengo que el cambio de método en la designación de los jueces en México (ahora por voto popular), no impacta en la legitimidad de las decisiones judiciales o hace más democrática la justicia, porque la esencia en el debate es mantener la independencia e imparcialidad al momento de resolver los millones de conflictos que año con año reciben los tribunales a lo largo y ancho del país. El verdadero reto de los jueces es la eficiencia y eficacia en la protección de los derechos humanos, la cultura de la legalidad y la confianza y reconocimiento de la sociedad.
El Poder Judicial de la Federación es esencial en la protección de los valores jurídicos fundamentales como la libertad, la dignidad, la igualdad y también en la defensa de la
democracia, la división de poderes, el federalismo, la soberanía popular, entre otros principios que garantizan un Estado democrático y de Derecho.
Deseo que el próximo año, por el bien de México, se lleve a buen puerto la implementación de la reforma judicial y que se consolide nuestra justicia constitucional. Feliz Navidad.
