En su obra “La división de poderes en Mexico”, Leticia Bonifaz apunta que una de las facultades donde se ve claramente que ha aumentado el contrapeso del Senado frente al Ejecutivo es en su creciente poder para intervenir en la designación de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de quienes integran los órganos constitucionales autónomos del Estado Mexicano, entre otros. La lista original del artículo 76 de la Constitución de 1917, comparado con el texto vigente, da cuenta del notable incremento. Sin embargo, la mayoría oficialista de la LXV Legislatura del Senado de la República decidió no ejercer ese contrapeso. Por el contrario, abiertamente abdicó el ejercicio de su poder por instrucción del Ejecutivo Federal.
El caso que seguramente se recordará en las clases de Teoría de la Constitución es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que actualmente tiene tres vacantes: dos desde abril de 2022 y la tercera desde ese mismo mes pero de 2023. Las declaraciones públicas del Presidente de México en el sentido de que ese instituto no sirve y que debe desaparecer influyeron en la omisión del Senado de la República.
De hecho, el Poder Judicial de la Federación tuvo que intervenir para ordenar que se continuara el procedimiento de deliberación y designación de los candidatos que esperaban una resolución de la cámara alta. Pero cuando se logró un acuerdo político y se nombró a dos comisionados, el Ejecutivo federal ejerció su facultad constitucional de vetarlos, por lo que sus nombramientos quedaron sin efectos. En la corta historia de este órgano constitucional autónomo es la primera vez que un Presidente veta la designación del Senado de la República.
El ministro Juan Luis González Alcántara, después de estudiar el caso que trató la Suprema Corte, argumentó que “la omisión ha generado una vulneración en el diseño constitucional del Inai y ha paralizado, además, el ejercicio de sus facultades, por lo que se ha vulnerado su ámbito competencial. Esta afectación tiene repercusiones directas en la defensa de los derechos de acceso a la información pública, en los derechos de transparencia y de protección de datos personales”.
El objeto de esta reflexión no es pronunciarme a favor o en contra de la existencia del Inai; el Poder Legislativo puede debatir en su caso una reforma constitucional. El tema es el pendiente de más de cien nombramientos que dejó esta Legislatura. El próximo 1º de septiembre habrá una nueva integración del Senado de la República que tendrá que abatir este rezago. Destacan tres vacantes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una en la Comisión Reguladora de Energía, tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por destacar algunos.
Nuestra Constitución no solo establece una división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También prevé los mecanismos de control recíproco, así como los pesos y contrapesos que se diseñaron con el propósito de que los tres poderes estuvieran en un permanente estado de tensión democrática, vigilando y limitando cada uno el poder del otro. Las candidatas y candidatos al Senado que serán elegidos el próximo 2 de junio deben comprometerse con el espíritu constitucional y ejercer con independencia sus facultades de contrapeso al Poder Ejecutivo.
