En más de un sentido, este año es definitorio en materia electoral. Además de las reformas político-electorales que fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo, y que buena parte de ellas siguen bajo el análisis de la Suprema Corte, el mapa de la República Mexicana podría reconfigurarse. Desde el pasado 2 y 3 de abril, respectivamente, Coahuila y el Estado de México iniciaron oficialmente sus periodos de campaña para renovar sus gubernaturas y, en el caso del estado del norte, también su Congreso local.
Además de lo que se juega en términos del poder local, las elecciones de este año tienen repercusiones a nivel nacional. En primer lugar, se trata del último proceso electoral local previo al proceso federal en donde se renovará la Presidencia de la República. Por una parte, se evaluará la calidad del trabajo institucional que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral, ya con una nueva presidencia y nuevos integrantes. Pero también, las elecciones locales de 2023 nos permitirán conocer la competitividad de cada coalición de partidos, las propuestas y discursos que articulen y, no menos importante, la viabilidad de las alianzas electorales en el corto plazo. Adicionalmente, este año se percibirá el ritmo y tono de las campañas electorales que nos esperan: si se trata de “guerras sucias” entre candidatos, si existe intervención de las autoridades a nivel estatal o federal, si existen rupturas al interior de grupos partidistas, o si los poderes fácticos son factores que inclinen la balanza.
Sin embargo, y a pesar de su proyección, debe apuntarse que las elecciones locales no siempre atienden a fenómenos o dinámicas nacionales. Es cierto que cada entidad de la República cuenta con su propio “termómetro”, actores y grupos políticos locales, problemáticas muy específicas y liderazgos conocidos. De ahí que, en muchas ocasiones, las encuestas que se levantan nos ofrecen panoramas diversos y que pueden no corresponder con una narrativa más general.
Ejemplo de ello es lo que sucede en Coahuila, en donde las encuestas colocan al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, a la cabeza de la contienda. Mucho de ello se debe a la ruptura que se registró al interior de Morena y que llevó a Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad Pública, a buscar la candidatura por el PT. Pero también a que el actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, se ha mantenido como uno de los gobernadores con mejor aprobación a nivel nacional. Parece ser que estos elementos darían la ventaja a la alianza frente a Morena, a pesar de que la aprobación presidencial a nivel nacional sigue sin inmutarse.
Por otra parte, el Estado de México es la elección que más ha llamado la atención, al ser la entidad con el padrón electoral más nutrido y uno de los estados con mayor proyección nacional. Sin embargo, el panorama no es del todo sencillo. Por una parte, las encuestas benefician claramente a Delfina Gómez, la candidata de Morena, pero no queda claro si todos los grupos al interior del partido del presidente han quedado conformes con la decisión o si existen fisuras que pudieran ser determinantes para el resultado final. Pero, además, a pesar de la alta aprobación con la que ya contaba el presidente de la República en 2021, durante las elecciones de ese año Morena sufrió un duro revés, pues perdió 32 municipios que había ganado en las elecciones de 2018. Queda por verse si la alianza PRI-PAN-PRD logra convencer al electorado indeciso, pues al haber solamente dos candidatas registradas, la dispersión del voto será mucho menor.
En ambos casos, el resultado lo conoceremos el próximo 4 de junio. No obstante, en democracia la incertidumbre electoral siempre es sana, pues obliga a los partidos y candidatos a buscar nuestro voto, además de que convierte al electorado en protagonista y decisor último. La única certidumbre que debemos exigir y vigilar es que los comicios mantengan los altos estándares que conocemos y que las diferencias se diriman siempre conforme a nuestra legislación.
Académico de la UNAM
