Es inminente la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. La iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido avalada en lo esencial por Claudia Sheinbaum, quien el 1º de octubre será Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La coordinación entre el mandatario saliente y la entrante es obligada porque el nuevo Poder Legislativo inicia funciones un mes antes del inicio del gobierno y es precisamente ese Congreso de la Unión quien buscará en septiembre dar un mensaje político contundente: AMLO fue el presidente más poderoso de la época contemporánea al “despedir” a los 11 Ministros y Ministras de la Suprema Corte en el último mes de su mandato. De aprobarse la reforma judicial dentro de la actual administración, el político tabasqueño pasará a la historia como el Presidente que transformó al poder de los “privilegios”, el cual que no había sido tocado con esa profundidad desde 1994.
Por esa razón se anunció que este mismo mes iniciarán los trabajos para la realización de parlamentos abiertos. En mi opinión, estos ejercicios de diálogo no buscan cambiar la iniciativa sino justificar y explicar a los actores económicos nacionales e internacionales que no se trata de un “golpe de Estado” al Poder Judicial.
En marzo de 2021, World Justice Project publicó la obra Estado de Derecho: Clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción, en la que colaboré con el artículo intitulado “El papel de los Consejos de la Judicatura en el combate a la corrupción”. Desde entonces concluí: “Consideramos necesaria una reforma constitucional que tenga por objeto el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Tal reforma debiera incluir nuevos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para evitar el abuso del poder o el error de los consejeros y las consejeras de la Judicatura Federal en la toma de decisiones”.
En la actual propuesta de reforma constitucional se sustituye al CJF por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, lo que implica la separación de la Suprema Corte y del referido CJF, actualmente presididos al mismo tiempo por la ministra Norma Piña. Técnicamente ese cambio encuentra varias razones que lo justifican. En mi colaboración académica de 2021 señalé que “nos parece que la SCJN debe consolidarse como un tribunal constitucional y, por tanto, prescindir de las facultades que actualmente tiene de naturaleza administrativa, las cuales deberían ser competencia exclusiva del CJF”.
Asimismo, señalé la pertinencia de “modificar la integración del propio Consejo y alinearla a las facultades de las diversas comisiones para procurar la especialización y el servicio civil de carrera”. Lo anterior toda vez que “la independencia del CJF en México es relativa, pues existe subordinación a la SCJN en varios temas relacionados con su funcionamiento y operación. La presidencia de ésta es al mismo tiempo la del CJF, tres de las y los integrantes del propio CJF son designados por el pleno de la Corte, las decisiones más importantes del CJF (por ejemplo, la destitución de un juez, una jueza, un magistrado o una magistrada) son revisadas y pueden ser revocadas por la SCJN. En relación con la política de adscripción de los juzgadores y las juzgadoras federales y los procedimientos de nombramiento de jueces y juezas de Distrito, y magistrados y magistradas de circuito, la SCJN, mediante el recurso correspondiente, tiene la última palabra”.
Desde entonces, propusimos que todos esos temas ya no fuesen revisados por la Corte. Esta es una oportunidad para consolidar un Tribunal Constitucional que no conozca de temas de naturaleza administrativa, y por otro lado, para independizar a la institución que conozca del gobierno de los jueces de la propia Suprema Corte. En relación a este tema es justificable una reforma constitucional.
