En junio de 2019, fue detenida Carmen, una mujer indígena, adulta mayor, que solo habla chinanteco y no sabe leer ni escribir. Funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal la internaron en el Centro de Reclusión Femenil en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por haber sido acusada de cometer el delito de peculado. De forma gratuita, la defensora pública federal Catalina Ramos Rojas asumió la responsabilidad de representarla y exitosamente demostró ante el juez su inocencia. A Carmen le pidieron copia de su credencial, plasmó sus huellas dactilares en un documento escrito en español, porque le dijeron que era un programa social para comprar láminas. La realidad fue que la engañaron, pues la Secretaría de Desarrollo Social otorgó un apoyo económico por 175 mil pesos para financiar un proyecto de producción y comercialización de cerdos, en el cual Carmen, sin saberlo, fue registrada como vocal de control y vigilancia, pero nunca recibió dinero.
Este es sólo uno de los miles de casos que atiende el Instituto Federal de la Defensoría Pública cada año. Rafael Robles Roa publicó en la revista número 29 de ese Instituto los detalles de la injusticia que vivió en el proceso penal al que fue sometida Carmen. Pasaron casi dos meses para que fuera asistida por un intérprete y contara con una defensora pública. Le fijaron una garantía para obtener la libertad provisional de 181 mil pesos, imposible de pagar para una viuda que se dedica al cultivo del campo para autoconsumo y subsiste a través del Programa de Bienestar de las Personas Adultas Mayores del cual, el dinero que recibe, lo invierte en la compra de pan para su reventa en las calles de su comunidad rural.
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación garantiza al pueblo de México defensores públicos de forma gratuita, en general a quien por razones sociales y económicas no puede contratar los servicios de un abogado particular. También por esa razón me encuentro a favor de la reforma que pretende el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante la consolidación de su sistema de carrera y la ampliación de sus servicios. De esa manera, los defensores públicos se pueden convertir en verdaderos abogados de los pobres.
El ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escribió: “Para que la justicia federal esté al alcance de quienes menos tienen, es esencial consolidar la transformación del servicio de defensoría pública. Por ello, se prevé que sea la Escuela Judicial la que capacite a los defensores públicos y realice los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público. Asimismo, se amplían los servicios a la materia de amparo familiar, además de las materias penal y laboral. Los defensores públicos deben llegar a todos los rincones del país para brindar una representación y asesoría de la mayor calidad”.
El origen del Instituto Federal de Defensoría Publica fue prestar servicios solo en materia penal. El artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución establece que toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Ahora el Poder Legislativo tiene la gran oportunidad de aprobar una propuesta de reforma que anticipadamente sabemos va ayudar a quienes no tienen para pagar un abogado y ampliará las facultades y casos en que pueden intervenir los defensores públicos de forma gratuita. Lo anterior es la mejor inversión de recursos públicos que puede existir: hacer posible el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables.
Académico de la UNAM
