El connotado jurista y politólogo francés, Maurice Duverger, reflexiona en su libro Instituciones Políticas y Derecho Constitucional que la noción de legitimidad es uno de los elementos fundamentales del poder, consistente en un sistema de creencias acorde con la sociedad de la que se trate. De tal modo, “para aquellos que creen hoy que el poder ha de ser ejercido por un monarca de linaje real, el poder es legítimo si se halla en manos del descendiente de los reyes precedentes. Para aquellos que creen que el poder debe reposar en la elección popular, los gobernantes son legítimos si emanan de elecciones libres”.
Importa el tema cuando observamos la crisis que está viviendo la sociedad venezolana que se manifiesta en contra del presidente Nicolás Maduro, quien se proclamó vencedor en las recientes elecciones celebradas en ese país, mientras la oposición pide el apoyo de la comunidad internacional alegando que tiene las actas electorales que acreditan que su candidato fue el vencedor por un amplio margen de ventaja. En ese sentido, señala Duverger que “las ideologías relativas a la legitimidad reflejan más o menos los intereses de aquellos que las desarrollan y que creen en ellas”. Por eso tiene sentido que Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, emitiera un comunicado en el que asegura que Washington concluye, con base en “abrumadoras pruebas”, que Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esto nos indica que el gobierno y sociedad estadounidenses creen y defienden el sistema democrático para legitimar el ejercicio del poder.
Lo cierto es que los sistemas políticos a través de los cuales se ejerce el poder son plurales y no hay uno solo que libre los cuestionamientos sobre su legitimidad. Las monarquías tradicionales, los regímenes socialistas o las dictaduras siempre han encontrado sectores de la sociedad que se oponen a reconocer su legitimidad. Si bien las democracias liberales han presentado graves conflictos sociales en su historia moderna, éstas siguen funcionando en la mayor parte de Europa, América Latina y Oceanía. En ellas, el común denominador es la creencia de que se deben garantizar las libertades, especialmente la libertad de prensa, de creencia religiosa o de manifestación de las ideas. El consenso democrático es que los seres humanos debemos gozar de estas libertades y los gobernantes deben estar limitados en el ejercicio del poder.
En ese orden de ideas, en México vamos a enfrentar un nuevo reto de credibilidad. Actualmente se propone una reforma constitucional para legitimar el poder de los jueces y cambiar la creencia de que la legitimidad de sus decisiones no se encuentra en la racionalidad del derecho, sino en la selección de los jueces a través de elecciones mediante sufragio universal. En este proceso de convencer a la mayoría de la ciudadanía en creer algo diferente debemos recordar las palabras de Maurice Duverger, en el sentido de que la legalidad del poder consiste en su conformidad con el derecho positivo existente, mientras la legitimidad del poder consiste en su conformidad con las teorías del poder aceptadas en la época y en el sistema de valores de la sociedad. Por ello, el jurista francés concluye, en referencia a Luis Napoleón, que solamente “cuando la legalización es imposible, el usurpador apela directamente a las teorías de la legitimidad y afirma entonces, como el autor del golpe de Estado francés del 2 de diciembre de 1851: yo solo he salido de la legalidad para entrar en el derecho”.
Académico de la UNAM