Uno de los retos más grandes de las democracias modernas es mantener el equilibrio entre la política y el derecho. No puede ni debe sobreponerse uno sobre el otro. Desde luego, existen posiciones en los extremos: desde la perspectiva del Poder Ejecutivo la política debe estar por encima del derecho, mientras que para el Poder Judicial el derecho debe controlar y someter a la política. En medio de estas posiciones se encuentra el bien común, la paz social y el bienestar de los mexicanos. Sin embargo, la realidad del país es otra, pues alarma la escalada de los conflictos entre quienes representan los poderes del Estado, ya sea a nivel federal o local.
En Veracruz, por ejemplo, la Jueza de Control, Angélica Sánchez Hernández, con sede en la ciudad de Cosamaloapan, decidió dejar en libertad a una persona que había sido acusada del homicidio de dos personas, argumentando que cambiaba su decisión original de someterlo a proceso porque en el amparo contra su resolución le pidieron excluir ciertas pruebas que presentó la Fiscalía Estatal sin las formalidades de ley. No sabemos a quién le asiste la razón.
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirma que es una jueza corrupta que benefició con su resolución a un delincuente que tiene vínculos con el crimen organizado, mientras que la juzgadora sostiene que se trata de un caso sin pruebas suficientes debido a la deficiencia técnica de la Fiscalía. Lo que es un hecho es que la jueza fue denunciada penalmente de diversos delitos y, por ello, encarcelada en dos momentos diferentes. Aquí vemos dos poderes independientes en conflicto: el Ejecutivo local contra un miembro del Poder Judicial. Lo grave es la reflexión sobre las dos hipótesis; por un lado, una supuesta resolución judicial indebida en favor de un homicida, pero por el otro una presunta percusión por parte del Gobernador abusando de su poder para meter a la cárcel sin fundamentos a una juzgadora. Cualquiera que sea la realidad afecta a los mexicanos.
En el caso de la Federación, el Ejecutivo se ha inconformado con diversas resoluciones del Poder Judicial. Asimismo, ha personalizado y descalificado a los jueces por sus decisiones. Desde el punto de vista político, el Presidente argumenta su derecho a la libertad de expresión para criticar las sentencias de los jueces que afectan las decisiones de su gobierno. Pero desde el derecho, la Constitución otorga el poder exclusivo a los jueces para interpretar las leyes, invalidarlas cuando son contrarias a la Constitución y decidir a quién le asiste la razón cuando existen controversias entre los diversos Poderes del Estado Mexicano.
Es cierto que existe el error judicial y muchos casos donde los jueces se abstraen de la realidad social. Clemente Valdés nos recuerda un episodio en los Estados Unidos de América cuando “la posición de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte en contra de la legislación social y de la aplicación de las medidas necesarias para tratar de solucionar la crisis económica derivada del desplome financiero iniciado en 1929, la enfrentó directamente con el presidente Franklin D. Roosevelt quien después de ganar su reelección en 1936, por una diferencia de más de 10 millones de votos, propuso su plan de reorganización de la Suprema Corte declarando el 9 de marzo 1937 que era urgente rescatar a la Constitución del dominio de la Corte. Ante esa propuesta varios jueces cambiaron su posición de inmediato y rectificaron, por lo que ya no se ejecutó la reforma de la Suprema Corte en gran medida porque los jueces se reformaron a sí mismos”.
Hoy vivimos un escenario similar. El Ejecutivo anunció una reforma constitucional para cambiar a la Corte, mientras que el Poder Judicial tiene la gran responsabilidad de materializar la justicia que sigue sin llegar a la mayoría de los mexicanos. Ojalá que los jueces se reformen a sí mismos.
Académico de la UNAMmos.