Por primera vez en la historia de México una mujer es titular del Poder Ejecutivo Federal. Ayer, la doctora Claudia Sheinbaum protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Esta declaración solemne ante el Poder Legislativo es de la mayor relevancia, no solo porque cumple los términos del artículo 87 constitucional, sino que además confirma que el origen formal del Estado Mexicano se encuentra en el texto constitucional y que los Poderes de la Unión se comprometen, una vez más, a cumplirla y defenderla.
La pregunta es ¿cómo entiende el Derecho la Presidenta de México? En su ensayo “Justicia constitucional, argumentación jurídica y control de las políticas públicas”, Pablo Larrañaga expone que “el estilo normativista de Derecho público está fundado en la idea de la separación de poderes y en la necesidad de subordinar el gobierno al Derecho. Este estilo enfatiza las funciones de adjudicación y de control, por lo que está orientado por las reglas y su naturaleza es conceptual. Por ello, el normativismo refleja el ideal de la autonomía del Derecho. En contraste, el estilo funcionalista del Derecho público ve al Derecho como parte del aparato gubernamental. Su atención se centra en las funciones regulativa y facilitadora y, consecuentemente, se orienta por los objetivos y adopta la aproximación instrumentalista de las políticas sociales. El normativista cree que los derechos preceden al Estado, mientras que para el funcionalista los derechos emanan del Estado, dentro del estilo funcionalista la representación democrática fundamenta la legitimidad, mientras que para el normativista el estatus de la representación democrática puede tratarse de manera más ambivalente”.
El inicio del periodo constitucional de la nueva Presidenta de México quedó marcado por cambios trascendentales en diversos artículos de nuestra Carta Magna. Al margen del análisis del procedimiento legislativo y del contenido de las reformas, me parece que debemos concentrarnos en la implementación de esos cambios. De eso depende la estabilidad de las principales instituciones del Poder Judicial de la Federación, y las garantías de la ciudadanía para defender y hacer valer sus derechos fundamentales. El reto será la coordinación entre el INE, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal respecto a la organización de la elección extraordinaria donde se elegirán, el próximo año, a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que actualmente están adscritos en toda la República.
La titular del Ejecutivo Federal tendrá que proponer una lista de candidatos para que sean inscritos en el proceso de selección junto con las listas que propondrán el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Se trata aparentemente de un proceso donde la Presidenta pierde liderazgo en la designación de los titulares del Poder Judicial. Sin embargo, materialmente es lo contrario, porque antes el Ejecutivo Federal no intervenía en la designación de Jueces de Distrito y Magistrados de Distrito, tampoco intervenía en el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral. Pero ahora, además de los Ministros de la Corte, propondrá candidatos para todos los cargos, y sus candidatos tendrán un peso político decisorio. Lo veremos.
Académico de la UNAM
