En pleno proceso electoral del vecino país del norte destaca la polémica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió la entrada en vigor de una ley de inmigración de Texas que, según los expertos, criminaliza a los migrantes. Se trata de la Ley SB4 que convierte cualquier entrada irregular a territorio texano en delito estatal y faculta a los policías a hacer uso de la fuerza para detener a las personas que ingresan de esta manera. Una vez bajo control de las autoridades, éstas tienen dos opciones: que los migrantes abandonen el país por medio de una orden o procesarlas por cometer un delito.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, es un conocido impulsor de esa ley y otras medidas que buscan evitar que lleguen más migrantes a su estado. Sin embargo, lo que podría parecer únicamente una disputa legal, está directamente relacionada con la arena político-electoral. Tanto el presidente Joe Biden como algunos defensores de derechos humanos de migrantes fueron quienes promovieron recursos contra la entrada en vigor de esta ley y, aún cuando el pasado lunes habían conseguido provisionalmente su suspensión, sorpresivamente la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, con 6 votos a favor y 3 en contra, permitieron que se aplique la legislación mientras se tramita el juicio y se da un veredicto final, es decir, determinar si esa ley es constitucional o no.
La decisión de los magistrados se sustenta jurídicamente cuando señalan que no suspenderán la ley hasta que una Corte de Apelaciones determine su constitucionalidad antes de que la discusión llegue a la Corte Suprema. Sin embargo, aunque jurídicamente se sostenga, la decisión también se interpreta como una demostración de fuerza del ala conservadora del máximo tribunal de Estados Unidos, sobre todo en momentos de una marcada polarización social ocasionada por el proceso electoral de 2024.
El debate entre qué es lo que debe prevalecer, si las razones jurídicas o políticas no es nuevo. Es conocida la comparación entre el pensamiento de Hans Kelsen y Carl Schmitt al confrontar qué debe subordinarse a qué: el derecho al poder o el poder al derecho. En estos momentos, el pueblo estadounidense se encuentra igualmente ante una encrucijada, pues en frente tiene dos proyectos políticos muy distintos entre sí. Aquel que abandera Donald Trump, más afín a subordinar el derecho a los designios políticos del “pueblo” estadounidense o, bien, aquel que defiende el Partido Demócrata, en el sentido de que ninguna política pública, por más justificada que esté ante un problema, puede o debe vulnerar los derechos inherentes al ser humano independientemente de su origen nacional o étnico.
Por lo pronto, la decisión del ala conservadora de la Corte Suprema podría desatar una serie de redadas y persecuciones a migrantes latinos en Texas. Y con ello, muy probablemente se atizará el intenso debate electoral respecto a la cuestión migratoria no solo a nivel nacional sino bilateral. La Corte Suprema será, en adelante, un jugador a considerar en el tablero electoral de Estados Unidos.
