Greta Thunberg es una joven sueca de 16 años quien lidera un movimiento juvenil en Europa relacionado con el cambio climático. Se hizo famosa al dar un discurso el año pasado, en la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, en el que criticó a los líderes mundiales por no prestar atención a las causas del calentamiento del planeta. Recientemente, la revista Time la nombró “Persona del año 2019” por “hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos”.
En diciembre pasado, Thunberg participó en la Cumbre Anual del Clima de la Convención marco de la ONU sobre el cambio climático, celebrada en Madrid y cuyo propósito era que los representantes mundiales presentaran sus propuestas para mantener el planeta a salvo de la contaminación generada por los seres humanos. Sin embargo, hace unos días el programa de la ONU para el Medio Ambiente señaló que las esperanzas de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, a saber, reducir 7.6 por ciento las emisiones de gases anuales, no serán alcanzadas.
En este contexto, Noruega es considerado un modelo a seguir en materia de protección del medio ambiente a nivel internacional. Ello se debe a que, además de ser líder en energía hidráulica, aviación y navegación eléctrica, el país nórdico ha sido el primero en prohibir la contratación pública de entidades que contribuyen a la destrucción de bosques. No obstante, de manera contradictoria, este país es también uno de los principales exportadores de petróleo y gas a nivel mundial, con los profundos efectos medioambientales que eso implica.
En noviembre de 2017, las organizaciones Naturaleza y Juventud y Greenpeace de Noruega demandaron a ese gobierno por el permiso concedido a 13 empresas petroleras para la extracción de petróleo y gas en el círculo polar Ártico. Estas organizaciones argumentaron que el permiso violaba el artículo 112 de la constitución noruega, que establece que el gobierno no puede tomar decisiones que violen el derecho a un medio ambiente sano para las actuales y futuras generaciones. En ese sentido, la explotación de nuevas áreas en el Ártico para la perforación petrolera suponía incrementar los efectos negativos del cambio climático.
Ante esta demanda, un tribunal de Oslo avaló el plan del gobierno noruego en 2018 y desechó los planteamientos de las organizaciones ecologistas. La sentencia fue controvertida porque, entre otros argumentos, el tribunal afirmó que las emisiones de dióxido de carbono producidas en el extranjero a partir del petróleo y el gas exportado por Noruega eran irrelevantes para el ambiente de su país y, por lo tanto, se consideraban no violatorias del artículo 112 de su constitución.
En el caso de México, la reflexión debe ser profunda. Si bien desde el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático que prevé la regulación de una estrategia nacional, programas, autoridades responsables y sistemas de información en este ámbito, recientemente el gobierno federal reconoció que la adaptación al calentamiento global, las pérdidas y los impactos asociados son sumamente relevantes porque somos un país vulnerable debido a nuestra ubicación geográfica, a la presencia de huracanes, sequías, sargazo o sismos, y a la existencia de un importante patrimonio natural y cultural que es fundamental conservar y restaurar.
Frente a estos problemas, el Derecho Administrativo será fundamental para implementar medidas de protección al ambiente. La visión de las autoridades debe ser responsable y solidaria, no como la del tribunal de Oslo que soslayó la Declaración de Estocolmo sobre el Entorno Humano de 1972, la cual señala que los Estados tienen la obligación de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados. Debemos imprimir una visión amplia, progresista y humanista en todos los ámbitos del Derecho, incluyendo el administrativo.
Académico de la UNAM
