En el reciente proceso electoral, la ciudadanía envió un mensaje claro: no otorgar la mayoría calificada a la coalición del grupo en el poder, conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Esta decisión refleja una postura consciente y deliberada de los votantes, quienes buscan mantener un equilibrio de poder y evitar el dominio absoluto de un solo bloque político. Sin embargo, surgen preocupaciones legítimas sobre intentos de obtener esa mayoría a través de cálculos viciados, poniendo en riesgo el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en el país.
En las elecciones de 2024, los votantes mexicanos acudieron a las urnas con la intención de definir el rumbo del país. A través de su voto, la ciudadanía demostró un deseo de balancear el poder en el Congreso, lo cual implica que, para aprobar reformas constitucionales, será necesario buscar consenso y colaboración entre diferentes fuerzas políticas, reflejando la diversidad de opiniones y garantizando una representación más justa y equilibrada.
A pesar del claro mandato ciudadano, existen preocupaciones sobre posibles intentos de manipular el sistema de asignación de curules y escaños para que el bloque en el poder obtenga la mayoría calificada. La ley electoral mexicana establece que los espacios de representación proporcional deben ser calculados por partido con base en la votación obtenida. Cualquier intento de alterar este procedimiento socavaría la integridad del proceso democrático y traicionaría la voluntad del electorado.
El estado de derecho y la democracia son pilares fundamentales de cualquier sociedad. En México, estos principios se encuentran en riesgo si se permite que una coalición obtenga el control absoluto del Congreso a través de prácticas inconstitucionales. La división de poderes y la independencia de las instituciones son esenciales para evitar abusos y garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa.
La concentración de poder en manos de un solo bloque podría llevar a la erosión de estos principios, abriendo la puerta a la implementación de políticas y reformas sin el debido escrutinio y debate. Esto no solo pone en peligro la democracia, sino que también afecta la capacidad de las instituciones para proteger los derechos humanos y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.
La reciente decisión electoral en México refleja un deseo de balance y representación justa en el Congreso. La ciudadanía no ha otorgado la mayoría calificada al bloque en el poder, y cualquier intento de obtenerla mediante cálculos amañados representa una amenaza para el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Es crucial que todas las fuerzas políticas respeten la voluntad del electorado y trabajen juntas para garantizar un futuro en el que los principios democráticos y los derechos humanos prevalezcan en México.
