En México, el Poder Judicial de la Federación (PJF) siempre se ha caracterizado por buscar poco los reflectores de la vida nacional. Es uno de los tres Poderes de la Unión, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, que inició una importante modernización desde 1994 con el Presidente Ernesto Zedillo, quien redujo el número de Ministros de la Corte, de 26 a 11, acabó con cotos de influencia y mejoró las percepciones de todo el personal judicial para consolidar una carrera profesional.
De esa época a la fecha, el PJF ha tenido una labor más que trascendente, pero nunca como en estos últimos meses bajo el liderazgo del Ministro Presidente Arturo Zaldívar.
Este Poder ha tenido que resolver temas tan complejos como los litigios sobre el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, los intentos reeleccionistas de la “Ley Bonilla” y las cartas del IMSS firmadas por el Presidente de la República a micro y pequeños empresarios, entre otros. En algunos de estos asuntos, los jueces le han dado la razón al Gobierno o a su partido. En otros no.
Pero vienen más litigios de la mayor relevancia: educación, la Guardia Nacional, extinción de dominio, delitos fiscales, austeridad republicana, derechos de audiencias, cambios en temas eléctricos-energéticos y tiempos fiscales, por mencionar algunos.
Prácticamente todos los temas relevantes de la vida nacional se están judicializando. Algunos por los partidos políticos que son, somos, minoría. Otros, por otro tipo de actores que perciben injusticia y sus intereses afectados. Pero los asuntos más relevantes y medulares para la 4T son los que la oposición ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La falta de amplio acuerdo entre las fuerzas políticas está haciendo que muchos temas, quizá como nunca antes, se judicialicen, lo que somete a grandes presiones al Poder Judicial Federal. Nada que nos deba asustar, justamente de eso se trata el equilibrio entre Poderes y para ello están los jueces.
Pero, justamente en función de ello tenemos que asegurar que sigamos contando con un PJF fuerte y autónomo, independientemente de a quién le dé la razón. Hay que reconocer que el Presidente de la República, en lo que entiendo que es la primera vez que sucede, firmó como propia una reforma al Poder Judicial que ellos mismos hicieron. Esto, dado que ni jueces ni Ministros tienen la capacidad legal para formular iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.
Así, hay que reconocer su iniciativa de ley, hecha por y para el PJF, pero ahora todos los partidos políticos tenemos que aprobarla para darles instrumentos que mejoren la justicia cotidiana y el acceso a ésta a cada vez más mexicanos. Y, desde luego, para
asegurar que ningún partido ni ningún otro Poder interfiera con la delicada encomienda que tiene el PJF. Por su parte, el PRI también promoverá que, en lo subsecuente, el Poder Judicial tenga capacidad de presentar iniciativas legales en los temas de su competencia.
Es un momento histórico para el PJF. Ojalá que todos sus integrantes estén a la altura de las circunstancias. Pero también, ojalá que los partidos políticos y nuestros legisladores logremos más consensos para tener menos litigios y, sobre todo, que respetemos las decisiones que tome la justicia federal en el sentido que sean.
