Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución contemplan la seguridad social como la responsabilidad que tiene el Estado para crear instituciones, normas y programas gubernamentales que garanticen la calidad de vida de las personas en materia de salud, trabajo, educación, vivienda y bienestar general.
En México, los cimientos del sistema de seguridad social que hoy conocemos se gestaron con la creación de instituciones como el IMSS (1943), ISSSTE (1959) e Infonavit (1972), que demostraron ser altamente efectivas para ofrecer condiciones de bienestar a una población que antes no las tenía.
Este andamiaje se robusteció con el Seguro Popular (2003), encargado de la atención de casi 60 millones de mexicanos, que representan al 50% de los derechohabientes del país. Dicho instrumento logró que las personas no aseguradas tuvieran acceso a la salud pública y que se redujeran los casos de gasto empobrecedor para familias no derechohabientes (del 3.3% al 0.8%).
El Seguro Popular ya no existe y, sin que mediara una etapa de transición ordenada, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Para ello, fueron destinados 40 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Gastos Catastróficos, que antes servían para la atención médica y que ahora sufragarán el costo de la puesta en marcha y operación del nuevo instituto.
El Insabi debuta en la escena nacional sin los acuerdos necesarios con los gobiernos estatales para asegurar su implementación, sin ofrecer claridad sobre su esquema de financiamiento y generando incertidumbre entre la población, que está sufriendo las consecuencias del abandono de la infraestructura de salud y del desabasto de medicamentos.
El gobierno federal se mantiene impasible ante el reclamo de los gobiernos estatales que han logrado consolidar aparatos de salud funcionales y que ofrecen atención de calidad. Además, ha hecho de las transferencias directas de recursos públicos su principal herramienta de política social, repartiendo dinero insuficiente, que no representa más que un paliativo ante las condiciones reales de vulnerabilidad que enfrenta la población.
México merece un sistema de salud adecuado a sus necesidades. No podemos ignorar que el 30% de las localidades del país se encuentran en aislamiento y sin acceso a la salud, ni que en diversas entidades hay personas que están solicitando amparos para no perder la atención médica. El PRI demostró a lo largo de su historia que el desarrollo institucional y los programas de gobierno de largo aliento eran clave para consolidar un sistema de seguridad social de amplia cobertura y verdaderamente universal. El diseño y la planificación de la política pública debe prevalecer sobre cualquier ánimo de imposición e improvisación. No se puede borrar un siglo de construcción institucional de un “plumazo”, el futuro de los mexicanos está de por medio.
Presidente del CEN del PRI
