A lo largo de su historia, México ha sufrido golpes de Estado perpetrados por hombres ambiciosos que pretendieron ignorar la Constitución y las leyes. Hoy estos personajes sufren implacablemente el juicio de la historia por sus actos de deslealtad a la República, mientras que la sociedad mexicana ha demostrado una notable capacidad para superar cualquier crisis, preservar la democracia y rechazar cualquier movimiento que pretenda socavar sus derechos y libertades.
En pleno siglo XXI y después de décadas de avances y conquistas ciudadanas, el pueblo de México vuelve a ser objeto de intentonas golpistas en uno de sus Estados más emblemáticos: Nuevo León, reconocido por su historia, madurez política y relevancia económica.
Dos años después de asumir el cargo de gobernador del Estado por un sexenio, Samuel García Sepúlveda decidió solicitar licencia para aventurarse por otro cargo, pretendiendo eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, como lo es que el Congreso del Estado, representante de la soberanía de Nuevo León, designe a un gobernador interino para liderar al Estado y tomar las decisiones que se requieran.
Sin embargo, García intenta rechazar esta opción, buscando permanecer en campaña y conservar el control de Nuevo León a través de un seguidor incondicional que obedezca sus órdenes y le proporcione los recursos para sus actividades proselitistas. Esta actitud deja a la sociedad nuevoleonesa sin recursos y sin gobierno, convirtiéndola como se dice coloquialmente en plato de segunda mesa cuando García fracase estrepitosamente en su ambición.
Ante esta situación, el Congreso estatal, en ejercicio de sus facultades, eligió al gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez. Esta decisión se tomó en medio de una intentona golpista por parte de un grupo afín al partido en el poder estatal, que ingresó con violencia al recinto legislativo para impedir que las y los diputados realizaran su labor y dotaran al Estado de certeza jurídica y estabilidad política.
Al no lograr su objetivo, ingenuamente García y compañía empezaron a llenar el Palacio de Gobierno de cuerpos de seguridad y bardas, con la intención de atrincherarse y no permitir el traslado de poderes a Orozco Suárez, ignorando que México y Nuevo León se encuentran bajo un Estado de Derecho que brinda legitimidad y autoridad a los servidores públicos, independientemente de los edificios.
Afortunadamente, el Poder Judicial ha respondido a las solicitudes de justicia de diversos actores, garantizando la continuidad en la observancia de las leyes y que se aborden los graves problemas de agua, seguridad y empleo que afecta a la Sultana del Norte.
La sociedad neoleonesa ha reprobado de manera contundente el intento de romper el orden constitucional y seguramente se reflejará en las urnas, cuando coloquen al vulgar ambicioso y su partido en el lugar que merecen.
