La violencia y la inseguridad en México no solo no se detienen, sino que, al contrario, continúan en un claro y alarmante incremento. Las políticas públicas implementadas hasta el momento han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para atender las causas y las consecuencias de este problema que afecta a millones de personas.
Estados como Sinaloa y Tabasco se encuentran atrapados en una guerra interna donde los grupos criminales pelean el control del territorio sin que existan acciones contundentes para frenar su expansión. Al mismo tiempo, entidades como la Ciudad de México y el Estado de México se han convertido en terreno franco para que organizaciones delictivas se asienten y operen con total impunidad, generando un clima de violencia constante que aterroriza a la población.
El problema no es menor. Sin embargo, mientras las autoridades sigan sin reconocer la verdadera magnitud de la situación y, por ende, las acciones que se requieren para enfrentarla de manera efectiva, la crisis continuará escalando.
En lugar de fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad, el gobierno ha optado por decisiones que parecen facilitar el avance de la delincuencia.
Entre estas medidas, destaca la desarticulación de las policías estatales y locales a través del recorte presupuestal, lo que las ha dejado sin recursos para operar de manera adecuada. A esto se suma la suspensión de los controles de confianza, una herramienta indispensable para depurar a las corporaciones y garantizar que quienes las integran estén capacitados y comprometidos con la seguridad de la ciudadanía.
El resultado de esta política omisa e ineficiente es evidente: las familias y las empresas siguen pagando las consecuencias de la incapacidad gubernamental. La falta de una estrategia integral y efectiva no solo perpetúa la violencia, sino que también vulnera la confianza en las instituciones y en el Estado mismo.
Es urgente que el gobierno federal y los gobiernos estatales asuman con seriedad la gravedad de la inseguridad que impera en el país. Esto implica destinar recursos suficientes para fortalecer a las policías, implementar estrategias que ataquen las causas estructurales de la violencia y garantizar que las autoridades actúen con determinación y responsabilidad. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que la sociedad pueda vivir y trabajar con tranquilidad.
Mientras esto no suceda, la violencia seguirá creciendo y el país seguirá sufriendo los nefastos resultados de una política que, hasta ahora, ha sido insuficiente y cómplice de la situación actual.
Hay quien dice que 2025 será un gran año para México. Desafortunadamente, las actuales condiciones no corroboran ese buen deseo.
¡El gobierno debe ponerse a trabajar!
Presidente Nacional del PRI
