Hoy más que nunca, el respeto a la Constitución y a los principios democráticos se han vuelto un aspecto crucial. A pesar de las presiones, chantajes y amenazas provenientes del partido en el poder, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han mantenido una postura firme, defendiendo con convicción la constitucionalidad y convencionalidad que sostienen el sistema jurídico de nuestro país.
La próxima semana será un momento decisivo para la historia contemporánea de México. Este grupo de ministros hará valer el principio republicano y pondrá un freno a la concentración del poder que, sin contrapesos efectivos, conduce inevitablemente al abuso, la impunidad y la cerrazón política. Su firmeza representa un acto de defensa no solo de la Constitución, sino sobre todo del pueblo de México, que ha elegido un sistema de gobierno en el que el poder está dividido y balanceado entre distintas instituciones.
La reciente coyuntura legislativa ha estado marcada por una serie de atropellos que, de manera directa o indirecta, buscan debilitar el papel de la Suprema Corte y minar la autonomía judicial, fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, estos intentos por coaccionar o intimidar a los ministros encabezados por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, no han logrado el objetivo de hacer que renuncien a su deber constitucional. Al contrario, los ocho ministros en cuestión han mostrado un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos, la justicia y el respeto a los preceptos fundamentales de la república.
La Corte, como órgano supremo en la interpretación de la Constitución, actúa como un bastión para asegurar que las leyes y reformas no contradigan los principios democráticos ni violen los derechos de la ciudadanía. Cuando los poderes se concentran en una sola instancia, el riesgo de caer en la arbitrariedad y el autoritarismo aumenta, y por ello resulta esencial el trabajo que realizan estos ministros.
Las y los mexicanos observan este escenario con atención, reconociendo que es precisamente la diversidad de voces y la independencia de las instituciones lo que mantiene viva la democracia. La Suprema Corte, al oponerse a una sumisión ciega y mantener su función de freno, envía un mensaje claro al Poder Ejecutivo y a los legisladores: el marco constitucional no es negociable, y la justicia no se doblega ante presiones políticas.
En un acto de valentía, los ministros han recordado al país que su compromiso es con el respeto a los derechos fundamentales y la preservación de la democracia. La lección que dejan es invaluable: aunque el poder de las mayorías parlamentarias pueda cambiar leyes, nunca podrá arrebatar la esencia republicana de nuestro sistema.
La próxima semana, estos ocho ministros se disponen a reafirmar su deber, demostrando que los valores constitucionales no son negociables y que el futuro de México depende, en gran medida, de preservar estos principios que, a pesar de los embates, continúan sosteniendo la nación.
Presidente Nacional del PRI
