Reza el principio de derecho público que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autorice, en tanto que los gobernados están en libertad de realizar lo que no les prohíba. Se trata del principio de legalidad que rige en la administración pública y que se constituye en la máxima garantía para prevenir y sancionar arbitrariedades del poder.
Todo aquel que ejerza una función pública debe limitarse a lo que señala la ley y realizar su labor conforme a los procedimientos establecidos, de lo contrario, será sancionado por abusar de la confianza que se ha depositado en él.
Y así ocurre con las y los legisladores de México, a quienes la ciudadanía nos confió la labor de elaborar, reformar y/o abrogar leyes, pero no a nuestro parecer ni entendimiento, sino conforme al proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, así como en la Ley Orgánica del Congreso y Reglamentos Interiores de cada una de las cámaras. No se trata de formalidades ni superficialidades, sino de la garantía de constitucionalidad que nos exige la ciudadanía.
Ante el incumplimiento, abuso o arbitrariedades en el proceso legislativo, los partidos políticos y legisladores tenemos la potestad de entablar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de evitar que una norma inconstitucional cause efectos dañinos entre la población. Y así lo ha hecho el PRI ante los numerosos casos de ilegalidades que ha cometido Morena en el Congreso.
Sin temor a equivocarme, puedo señalar que la 64 y 65 Legislaturas pasarán a la historia no por sus logros ni conquistas ciudadanas, sino por los numerosos casos de leyes inconstitucionales aprobadas por la mayoría de Morena.
Ante las sentencias del Pleno de la Corte, apegadas a la Constitución y ajenas a cualquier interés partidista o personal, el oficialismo pretende atacar a las y los ministros, acusándolos de poner en peligro “el equilibrio de los poderes”.
En realidad, quienes se empecinan en violar la Constitución, crear incertidumbre jurídica e inestabilidad social son los de Morena y sus aliados, quienes no se miden ante la ley y buscan avasallar, creyéndose soberanos y omnipotentes.
Pero el único soberano en México es el pueblo, el cual no dotó de mayoría absoluta al oficialismo para elaborar leyes defectuosas y abusar del poder.
El principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho. Y justamente el papel de la Corte es vigilar que así sea. Si al oficialismo no le gusta, no le queda más que respetar la Constitución, cumplir con las sentencias judiciales y corregir su comportamiento. Cualquier otra cosa será un acto ilegal que ameritará su persecución y sanción.
El PRI no solapará que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le ataque ni se le intimide. Por el bien de todas y todos, pleno respeto a nuestro Tribunal Constitucional.