La amnistía es un acto jurídico que constituye el olvido legal de delitos y la consiguiente extinción de responsabilidad de sus actores. Históricamente, en México, la amnistía ha servido para pacificar al país e incentivar la reconstrucción nacional.
En su gobierno, Benito Juárez (1870) concedió la amnistía a favor de los conservadores que apoyaron el Imperio de Maximiliano; Sebastián Lerdo de Tejada (1872) extendió la amnistía a quienes cometieron delitos políticos.
Lázaro Cárdenas (1937) otorgó la amnistía a quienes incurrieron en el delito de motín o rebelión; el presidente Ávila Camacho, por el levantamiento de Juan Andreu; el presidente López Portillo, por la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, y; el presidente Carlos Salinas, como parte de un proceso de pacificación con el movimiento zapatista en Chiapas.
Hoy una política de seguridad exitosa demanda un acceso efectivo a la justicia para las víctimas de la delincuencia, así como el castigo para quien viola la ley. La más importante compensación para una víctima es una correcta aplicación de la justicia.
Ante el repunte de la violencia, es indispensable que desde el gobierno federal se fortalezca la impartición de justicia y el combate a la impunidad mediante fiscalías y jueces capaces de investigar los delitos y sancionar cada delito reportado y no sólo en casos aislados.
La propuesta de la “Ley de Amnistía” del gobierno federal únicamente reduciría la sobrepoblación en reclusorios estatales y federales. Pero esta no garantizaría procesos judiciales ágiles, que se enjuicien a culpables y que se le determine el castigo pertinente, y aún menos que la víctima obtenga una reparación al daño sufrido ni evita que el delincuente condenado pueda reincidir al quedar en libertad.
El único efecto positivo sería el liberar presión presupuestal en los 18 complejos federales de readaptación social (Ceferesos) y los 309 centros penitenciarios locales que integran el sistema penitenciario mexicano.
La situación que enfrentan las casi 200 mil personas recluidas en centros penitenciarios exige acciones de fondo y no cosméticas para evitar procesos judiciales lentos y opacos, prevalencia de la impunidad y hacinamiento en cárceles.
Creemos que la amnistía es un recurso excepcional que facilite un México en paz y seguro. Cualquier otro propósito sería desvirtuar el significado del concepto de amnistía.
Sería conveniente retomar esquemas de impartición de justicia como la mediación entre víctima y delincuente o el sistema de justicia restaurativa. De esta forma, se robustecerían las instituciones de justicia en nuestro país, la cual debe ser la prioridad del gobierno federal.
No nos oponemos a que personas indígenas y mujeres recluidas se beneficien de una ley de amnistía para recuperar su libertad, si en el proceso de investigación se vulneró su derecho al debido proceso.
En el PRI, nos mantenemos firmes en nuestra lucha por garantizar más paz, más seguridad y más justicia para todos los mexicanos.
Presidente del CEN del PRI
