Nunca un hecho tan intrascendente había generado tanta atención.
El día de ayer se anunció que Olga Sánchez Cordero deja la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) para regresar al Senado de la República. En su lugar, llegará el hasta ayer gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
En otros tiempos, un enroque de este género hubiese sido una noticia bomba. Gobernación era el corazón del sistema político. Bucareli era sinónimo de poder e influencia. Quién allí despachaba era en automático candidato a sentarse en la silla presidencial.
En los sexenios panistas, la Segob perdió relevancia, pero en la administración de Peña Nieto recuperó su centralidad: caían en su cancha la interlocución política, la seguridad pública, la protección civil, la relación con las iglesias, la política migratoria, la prevención del delito y la inteligencia civil, entre muchas otras cosas. Era cabeza de sector lo mismo de la Policía Federal que del Cisen o el Instituto Nacional de Migración (INM). En 2015, tal vez el pico de su influencia, recibió 77 mil millones de pesos de presupuesto, un monto mayor que el de Sedena.
Pero eso fue antes. En la actual administración, la Segob ha sido mutilada hasta la irrelevancia. Perdió todas las funciones de seguridad que había recuperado en 2012. Se fueron la Policía Federal (ahora transformada en Guardia Nacional), las prisiones federales y el Servicio de Protección Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, la SSPC absorbió también al Cisen (ahora Centro Nacional de Inteligencia), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Todos esos movimientos administrativos equivalen en conjunto a una disminución de 90% en el presupuesto de la Segob.
Por si fuera poco, buena parte de la relación con gobiernos estatales y municipales ha pasado, por la vía de los llamados superdelegados, a la Presidencia de la República. La interlocución con el Poder Judicial transita por la Consejería Jurídica de Presidencia. Y la negociación con los partidos de oposición, cuando ocurre, se hace en el Congreso de la Unión o en Palacio Nacional.
Formalmente, la Segob conserva una función importante: la política migratoria. Pero en la práctica, el tema se lleva desde la Cancillería, no desde Bucareli. El titular del INM, Francisco Garduño, es un incondicional de Marcelo Ebrard. Y como se acaba de ver en asuntos como la acogida de refugiados afganos o la respuesta a la decisión judicial en Estados Unidos sobre el programa Remain in Mexico, Gobernación está fuera de la jugada en algo que supuestamente cae en su portafolio.
Y sí, el subsecretario Encinas atiende temas de derechos humanos y la interlocución con algunas organizaciones sociales. Pero en las negociaciones con actores sociales de peso, como sindicatos u organismos empresariales, la Segob no está ni en la mesa.
Dado lo anterior, es hora de pensar seriamente en cerrar Gobernación. La SSPC podría absorber al INM. Las funciones regulatorias de juegos y sorteos podrían irse a la Secretaría de Economía. El Archivo General de la Nación y RTC, a la Secretaría de Cultura. Temas de derechos humanos, así como lo poco que le queda a Segob de interlocución política y desarrollo político, podrían aterrizar en la Presidencia.
Y ya de remate, podrían convertir al Palacio de Cobián en museo: al fin y al cabo, tiene más valor histórico y arquitectónico que Los Pinos.
En resumen, el problema no es la identidad del titular, sino la irrelevancia de la Secretaría. Ya cierren Gobernación.