Ayer, como parte de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Alfonso Durazo, titular de la SSPC, presentó un reporte sobre la situación de seguridad en el país.
Entre otros datos, mostró información sobre la asistencia de gobernadores a las mesas de seguridad que se reúnen todos los días en cada estado, siguiendo el modelo presidencial de reuniones diarias con el gabinete de seguridad.
En esa lista, aparece en primerísimo lugar la Ciudad de México: allí la jefa de gobierno se ha presentado en 300 ocasiones a la mesa de seguridad desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019. Eso equivale a todos los días hábiles desde el inicio del sexenio, más 37 días de fin de semana.
A la doctora Claudia Sheinbaum, le siguen en frecuencia de asistencia a las mesas de seguridad los gobernadores de Chiapas, San Luis Potosí y Tlaxcala.
En el otro extremo, están Querétaro, Nayarit y Campeche: allí los gobernadores respectivos no se han presentado a una sola reunión de la mesa de seguridad desde el inicio del sexenio.
Este ejercicio, presentado en vísperas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual reúne a todos los gobernadores y al gabinete federal de seguridad, fue probablemente pensado como un balconeo dirigido a modificar el comportamiento de los titulares de los ejecutivos estatales y forzarlos a hacerse cargo de los esfuerzos de seguridad en sus respectivos estados.
El problema es que esta lista de asistencia, combinada con otros datos del propio reporte, parece mostrar el punto contrario, que es irrelevante si los mandatarios estatales participan o no en las reuniones de las mesas de seguridad.
Para explicar, permítanme dar un paso atrás. Esta multiplicación de reuniones parte de un supuesto defendido por el presidente López Obrador: la atención permanente y cotidiana del titular del Ejecutivo, ya sea federal o estatal, a los temas de seguridad conduce a un mejor desempeño de las instituciones del sector y, en consecuencia, a una mejoría de las condiciones de seguridad.
En ese sentido, una mayor presencia de los gobernadores, gobernadora o jefa de gobierno en las reuniones diarias de la mesa de seguridad debería de verse reflejada en mejores cifras en materia de incidencia delictiva.
Los datos, sin embargo, no colaboran del todo con la teoría. Si se cruza el porcentaje de asistencia de los gobernadores a las reuniones con el cambio porcentual en el número de homicidios en los primeros 10 meses de 2019, no se obtiene ninguna correlación estadística significativa. En la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno no falta a una sola reunión, los homicidios crecieron lo mismo (1.7%) que en Campeche y allí el gobernador se ha presentado a exactamente una reunión desde el inicio del sexenio.
Para acabarla de fregar, el estado que ha registrado la mayor reducción porcentual en el número de homicidios ha sido Nayarit, donde el gobernador no ha asistido personalmente a una sola reunión.
Los mismos resultados se obtienen si se hace el análisis con robo de vehículo: ninguna correlación (y Nayarit de nuevo con la mayor tasa de disminución en la incidencia).
Es posible que un análisis cuantitativo más sofisticado, basado tal vez en datos mensuales, pudiera encontrar algo distinto. Es también posible que pueda haber efectos rezagados.
Pero, por ahora, lo que se puede ver es que la presencia o ausencia de un gobernador en las mesas diarias de seguridad es algo básicamente irrelevante, al menos en lo que concierne a la incidencia delictiva.
Tal vez habría que revisar la idea de que, a más reuniones, mejores resultados.
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