El presidente López Obrador no se rinde. A pesar de su derrota legislativa en el tema eléctrico, ha anunciado ya que enviará al Congreso, tal vez esta misma semana, dos iniciativas más de reforma constitucional: una en materia electoral y otra para reubicar a la Guardia Nacional (GN) en la Sedena.
Si va en el sentido que se anunciado hasta ahora, la reforma electoral no tiene ninguna probabilidad de transitar por el Congreso. Medidas como la elección de consejeros del INE mediante sufragio universal directo o la disminución del número de legisladores plurinominales son perfectamente inaceptables para todos los partidos de oposición. No van a pasar.
Pero el tema de la GN podría correr mejor suerte. En ese tema, los legisladores de oposición se van a enfrentar no solo a la popularidad presidencial, sino también a la elevada aprobación social de las Fuerzas Armadas . Asimismo, es posible que los gobernadores de partidos distintos a Morena no quieran antagonizar a los militares, de los cuales depende (o imaginan que depende) la seguridad de sus entidades. Y además no hay en este asunto, como lo hubo en la reforma eléctrica, grupos de interés potentes movilizándose para derrotar a la reforma.
El debate apunta por tanto a ser complicado para la oposición. En consecuencia, es importante que sus legisladores empiecen a plantear algunas preguntas pertinentes para evitar ser atropellados cuando llegue la discusión al Congreso. Va una lista inicial:
1. ¿Qué problemas concretos se resuelven o qué riesgos específicos se atajan trasladando la GN a la Sedena? Aquí es importante obligar al gobierno y a los partidos de la mayoría a verbalizar plenamente su argumento. No basta con afirmaciones genéricas como las que ha hecho hasta ahora el presidente (“no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder”) ¿Por qué la integridad de la GN estaría más blindada en la Sedena que en la SSPC? ¿Enfrenta hoy problemas de corrupción que son inmanejables fuera de la estructura militar formal?
2. ¿Qué alternativas existen para resolver esas dificultades concretas? Si el problema (actual o potencial) es la corrupción , ¿no sería más sencillo y más obvio fortalecer la Unidad de Asuntos Internos de la GN y apalancarla en uno o varios mecanismos de supervisión externa? ¿No se puede poner a revisión el proceso de control de confianza? ¿No puede haber mejorías a las prácticas de reclutamiento y formación de la GN? ¿Acaso no se puede hacer sin una reforma constitucional mayúscula?
3. ¿Qué se modificó entre 2019 y 2022? Hace tres años, el gobierno y los partidos de la mayoría estuvieron de acuerdo en ubicar a la GN en una dependencia civil. ¿Qué descubrieron en estos meses que los lleva a concluir que fue un error el acuerdo alcanzado en el Congreso a inicios del sexenio?
4. ¿Qué evidencia se tiene a favor de la transferencia de un cuerpo de policía civil (tal como la Constitución define a la GN) a la estructura militar formal? ¿Hay algún ejemplo internacional reciente de la reubicación de una corporación civil en un ministerio de Defensa? De ser el caso, ¿cuáles han sido los resultados?
5. ¿Qué más se quiere lograr con la iniciativa? ¿Incluye también, por ejemplo, una propuesta de extender temporalmente la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ? De ser el caso, ¿cómo lo justifican?
Estos no son más que cuestionamientos básicos. Otros vendrán cuando se conozca la iniciativa concreta. Mi sugerencia para los legisladores es que no se dejen intimidar ni por el presidente ni por el alto mando militar. Ellos son los que tienen la carga de la prueba. Ellos son los que tienen que explicar y convencer.
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