La semana pasada, a las afueras de su casa, fue asesinado a tiros el alcalde de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro.
Unas horas antes, en el otro extremo del país, Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor del municipio de Tecate, Baja California, fue acribillado en un estacionamiento ubicado a unos pasos del palacio municipal.
Estos son apenas dos ejemplos de la violencia que se cierne sobre el país conforme se acerca el proceso electoral. Un reporte reciente de la consultoría Integralia revela que el número de actores políticos que han sido víctimas de atentados entre septiembre de 2020 y enero de 2021 se cuenta ya en decenas.
De acuerdo con el documento, se han registrado al menos 73 incidentes de violencia política en contra de 88 víctimas. De esas personas, 64 perdieron la vida.
En ese universo, se contaban dos alcaldes en funciones y tres expresidentes municipales. Asimismo, también fueron atacados 17 funcionarios municipales, cinco funcionarios federales o estatales, cinco aspirantes a puestos de elección popular, tres legisladores locales, dos funcionarios de fiscalías estatales y dos jueces. Asimismo, el conteo incluye agresiones en contra de seis activistas, cinco periodistas, tres dirigentes de partidos políticos y doce personas ubicadas en categorías diversas.
Claramente, esta violencia tiene motores locales. Se trata, sin embargo, de un fenómeno nacional. Integralia registró agresiones en 22 entidades federativas. Las más castigadas fueron Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero y Morelos. Esos cinco estados concentraron 45% de los incidentes y 48% de los asesinatos.
Estos ataques no respetaron fronteras partidistas. En las víctimas, se cuentan militantes de siete partidos políticos nacionales, así como políticos independientes. En 32% de los casos en los que se pudo identificar la filiación partidista, la víctima pertenecía a Morena. El segundo partido más golpeado fue el PRI, con 23% de los casos, seguido del PRD, con 16% de los incidentes.
¿Por qué tantas agresiones en tantos estados en contra de actores políticos locales? No lo sabemos y probablemente no hay una explicación única. El fenómeno revela, sin embargo, la importancia de las instituciones locales para los múltiples grupos armados que conviven en el territorio.
Los gobiernos municipales son, en primer lugar, una fuente importantísima de información: ¿quién es dueño de qué cosa?, ¿quién quiere poner un nuevo negocio?, ¿quién pidió una licencia de construcción? Es decir, ¿quién es blanco de extorsión, secuestro o robo?
Por otra parte, son fuente de músculo: las policías municipales son, en muchos casos, el brazo armado de actores criminales. Además, controlarlas significa tener acceso a armamento e información sobre los planes de otras agencias del estado (policías estatales, fiscalías, Fuerzas Armadas).
Por último, los gobiernos locales son fuente de ingreso, ya sea por extorsión directa o por la asignación de contratos de servicios u obra pública.
Dadas esas ventajas, no sorprenden que haya una competencia armada por el control de los espacios institucionales locales. Y esa contienda se agudiza naturalmente en periodo de elecciones.
Dado que estamos a cuatro meses de una elección enorme, en la que están en juego miles de posiciones locales, es previsible que las agresiones se multipliquen y que lo que hoy se cuenta en decenas, se cuente en centenas para junio.
Salvo que se tomen medidas para contener la violencia, es muy probable que la elección se nos pinte de rojo.
