La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tiene una misión clarísima en este gobierno: demostrar que la dependencia que preside no tiene peso alguno en la definición de la política de seguridad.
En ese empeño, la funcionaria se apuntó un gran éxito esta semana con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024. Y el triunfo empieza desde el título.
En los viejos y malos tiempos neoliberales, cuando mandaban los insensibles tecnócratas, los planes y programas sectoriales de las dependencias habitualmente se publicaban antes de que iniciara el periodo cubierto por el documento. Eso no los hacía buenos o malos, pero por lo menos eran oportunos.
Pero ahora, en la nueva época de la vida nacional, eso ya no importa. Se puede publicar un programa para el periodo 2022-2024 cuando le quedan apenas 26 días a 2022 y ya se cubrió más de la tercera parte del plazo descrito ¿Por qué no? ¿Quién dice que no se puede hacer planeación retrospectiva?
Esa es solo la primera de las joyas. Cuando uno revisa el documento, un hecho salta a la vista: prácticamente todas las cifras que presentan están desactualizadas. Por ejemplo, en la sección intitulada “Análisis del estado actual”, se menciona que “durante 2019, se cometieron 30.3 millones de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas.” Es un dato correcto, proveniente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE). Pero el problema es que ya se cuenta con el mismo dato, pero correspondiente a 2021 (28.1 millones de delitos y 22.1 millones de víctimas).
Otra gráfica muestra datos de robo a transportista con corte a diciembre de 2020. Las cifras de homicidio que se discuten en el texto son de 2019. Todos los datos referidos sobre el sistema penitenciario son de hace tres años, incluyendo los que son producidos por instancias de la propia Secretaría.
Luego uno va a la sección de Estrategias y el asunto está igualmente desfasado. Por ejemplo, la acción puntual 2.1.2 es “Impartir adiestramiento permanente a los integrantes de la Guardia Nacional para mantener, fortalecer y certificar sus capacidades en funciones de seguridad pública”. Nada raro habría allí, salvo que designa como dependencia o entidad responsable a la propia SSPC, como si el gobierno no se hubiese brincado las trancas hace tres meses para transferir el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena (incluyendo, obviamente, el adiestramiento).
La cereza del pastel se encuentra en la sección de Metas e Indicadores. Allí, en absolutamente todos los casos, se señala que el dato de 2021 no está disponible. Pero resulta que, en muchos casos, está disponible no solo el dato de 2021, sino el de 2022. Es decir, la primera meta parcial está rebasada desde el día mismo de la publicación del programa. Ejemplo: se incluye como indicador el “porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa.” Para ese indicador, hay datos correspondientes a 2021 y 2022 en la propia página web referida como fuente por el documento.
La única conclusión posible es que este documento estaba listo desde hace más de un año y, por alguna razón misteriosa, decidieron no publicarlo oportunamente. Con toda probabilidad, solo lo hicieron cuando se dieron cuenta de que iban a caer en responsabilidades si lo dejaban en el cajón. Pero no se tomaron la molestia de actualizar el documento, suponiendo de seguro que nadie lo iba a leer siquiera.
Lo dicho: si la secretaria Rodríguez quería demostrar la irrelevancia de su dependencia, esto es un triunfo categórico.
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