Como comentaba en este espacio la semana pasada, el número de homicidios se ha reducido considerablemente en diversas regiones del país.
En la Ciudad de México , los homicidios disminuyeron 40% en febrero contra el mismo mes del año pasado. En Jalisco, la caída fue de 34%. En el Estado de México, 32%.
¿Qué explica ese fenómeno? ¿Es resultado de medidas adoptadas por los gobiernos estatales respectivos? ¿Es algo que hicieron las autoridades municipales? ¿Es producto de alguna estrategia federal? ¿Se trata de algo provocado por factores exógenos (como la pandemia , por ejemplo)? ¿O es solo un movimiento aleatorio de las series estadísticas?
La realidad es que no sabemos con plena certeza. Es probable que muchas intervenciones, impulsadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, estén funcionando bien. ¿Qué son y por qué funcionan? Francamente lo ignoro. Igualmente, hay mucho que se hace por inercia u ocurrencia que no sirve de gran cosa, pero sin saber bien a bien los motivos del fracaso.
Esta ignorancia es un problema colectivo serio. No tenemos las herramientas para identificar lo que funciona y distinguir lo que resulta inútil en materia de seguridad y justicia. Es más, en muchos casos, las instituciones —las policías, las fiscalías, los tribunales, los sistemas penitenciarios— ni siquiera documentan lo que hacen o lo que dejan de hacer. En consecuencia, se vuelve muy difícil replicar las buenas prácticas y abandonar las que resultan inútiles, dispendiosas o contraproducentes.
El resultado es un sistema atrapado en sus inercias, incapaz de generar procesos de aprendizaje y mejora, malgastando el dinero de los contribuyentes y reproduciendo prácticas de utilidad cuestionable (cuando no inexistente).
Para romper ese ciclo, las instituciones tendrían que abrirse al escrutinio público y la evaluación externa. Publicar sus datos, documentar sus intervenciones y permitir que un tercero mida con objetividad sus procesos y resultados.
Ese tercero puede ser una universidad, un ente gremial o una organización de la sociedad civil . Pero, en esos casos, habría probablemente restricciones en términos de acceso a la información y controversias sobre la selección del ente evaluador. Para evitar esos escollos, habría que pensar tal vez en crear una institución pública especializada.
Por fortuna, existe en nuestra tradición legal y administrativa un modelo posible: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval ). Creado en 2004, ese organismo público descentralizado tiene como misión (cito de su página) “generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.”
No es una institución perfecta ni mucho menos, pero su trabajo ha contribuido enormemente a enriquecer la discusión sobre políticas social y combate a la pobreza. Sus evaluaciones no evitan disparates en la materia, pero al menos ayudan a identificarlos, así como a diseminar buenas prácticas e intervenciones virtuosas.
Una institución de esa naturaleza resultaría tremendamente útil en materia de seguridad y justicia. Al menos, se empezaría a producir una base de evidencia para normar las decisiones y facilitaría la evaluación continua de las políticas públicas. Como mínimo, ayudaría a enriquecer la discusión colectiva sobre inseguridad , violencia y delito. Y a un costo muy bajo: el Coneval tiene un presupuesto anual de 370 millones de pesos. Algo por estilo costaría su equivalente para los temas de seguridad y justicia.
¿Alguien en el Congreso que quiera aventarse este tiro?
Twitter: @ahope71