Esta columna se concentra habitualmente en temas de seguridad y justicia. Pero, dada la crisis de salud que vivimos, hoy me permito una digresión.
En los últimos días, conforme se ha hecho manifiesta la amenaza del coronavirus, el gobierno ha expresado que sus decisiones en respuesta a la epidemia se rigen por la técnica y no por la política. En algunos sectores, se ha tomado esa afirmación como licencia para sugerir que cualquier crítica es un intento malintencionado de golpear al gobierno a costa de la salud de los mexicanos y que a la población solo le toca seguir las instrucciones de los científicos.
Creo que esa argumentación debe ser resistida por diversas razones:
1.El debate técnico sobre la respuesta a la epidemia de Covid-19 no está zanjado. Hay protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, dentro de ese modelo, cabe una enorme heterogeneidad de políticas públicas. Algunos países han sido agresivos en la realización de pruebas a población asintomática, otros no. Algunos gobiernos han impuesto amplias medidas de distancia social de manera temprana, otros no. En algunos casos, las limitaciones impuestas a la población han sido draconianas; en otros no. A estas alturas, ¿se puede afirmar con plena certeza cuál es la mejor combinación de políticas? Francamente lo dudo. En internet, se pueden encontrar opiniones de especialistas, todos con impecables credenciales profesionales, argumentando a favor y en contra de diversas mezclas de política pública. Dado lo anterior, afirmar que una decisión fue tomada por científicos con criterios técnicos no cierra la discusión sobre su pertinencia.
2.La discusión no es exclusivamente técnica. Las intervenciones de política pública se definen considerando su posible eficacia para enfrentar a la epidemia, pero también atendiendo a sus costos económicos y sociales. Pero esa no es una simple operación contable ¿Existe un consenso sobre el valor monetario de una vida humana? ¿Podemos simplemente recurrir a la técnica para decidir entre la destrucción de empleos y la pérdida de vidas? ¿Se puede resolver a golpes de estadística la contradicción entre el derecho a la salud y la libertad de movimiento? La respuesta a todas las preguntas anteriores es no. La reacción ante una epidemia pasa por una reflexión ética. Y como sucede en un entorno social, las consideraciones políticas son parte integral de la discusión. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo se reparten costos y cómo se distribuyen recursos, de cómo se ejerce el poder y cómo se garantizan derechos. Allí estamos inevitablemente en el terreno de la política.
3.Si la discusión sobre la respuesta a la epidemia es a la vez técnica y política, ¿por qué se exige que quede limitada a especialistas de salud pública, que los que no somos epidemiólogos nos quedemos callados y nos limitemos a seguir las instrucciones de las autoridades? Se está hablando de nuestras vidas, nuestras familias, nuestras libertades ¿Por qué no deberíamos de opinar al respecto? Sí, entre nuestras opiniones, cabrá mucha estupidez y mala fe. Se diseminarán rumores e información falsa. Y sí, habrá quien vea esto como una oportunidad de cosechar votos. Pero habrá también críticas fundadas y demandas atendibles que permitan afinar la calidad de la respuesta gubernamental. Y surgirán también datos que no sean capturados por los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica. Esos son activos para enfrentar la crisis.
Parafraseando la célebre frase de Georges Clemenceau sobre la guerra y los militares, las epidemias son un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de epidemiólogos.
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