Hace dos días, se cumplieron tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué deja la primera mitad de la administración en materia de seguridad y justicia? Van algunas reflexiones rápidas:
1. La crisis de violencia persiste en buena parte del país. La curva de homicidios se ha mantenido plana a lo largo de estos tres años, pero ciertamente no ha habido un cambio de tendencia. Por cuarto año consecutivo, se van a acumular más de 36 mil víctimas de homicidio en la cuenta del Inegi. Y ante esta realidad, el gobierno federal no tiene una política concreta que no sea el despliegue de personal militar, algo que sirve de poco o nada para contener la violencia letal.
2. Existen, sin embargo, algunos datos alentadores. La incidencia de varias formas de delito patrimonial (robo a transeúnte, robo de vehículo, etc.) decrecieron con la pandemia y se mantuvieron a la baja en este año. Asimismo, ha continuado la mejoría en la percepción de seguridad. Medido en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el porcentaje de personas que declaró sentirse inseguras en su ciudad pasó de 73.7% a 64.5% entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021. El grueso de la caída sucede como resultado de la pandemia, pero la tendencia decreciente se ha mantenido a lo largo de este año. Es difícil anticipar si habrá un rebote el año próximo, pero por ahora hay buenas noticias.
3. En materia de construcción institucional, el gobierno federal ha pasado de la simulación al descaro. Ni siquiera se hace ya el intento de esconder que la Guardia Nacional no es otra cosa que la extensión de las Fuerzas Armadas. Casi 80% de sus integrantes están adscritos a la Sedena o la Semar y el requisito de separación funcional de las Fuerzas Armadas, establecido en la ley para los miembros de la GN, se está cubriendo con simples oficios de comisión. Todos los cuarteles de la GN han sido construidos por la Sedena en predios donados a la Sedena. Esto ya es tan irregular que el gobierno decidió abrir su mano y anunciar que buscará reubicar a la GN en la Sedena, mediante una reforma constitucional. Ignoro si lo logrará (espero que no), pero el objetivo es claro: dejar por completo la seguridad pública del país en manos militares.
4. En estos tres años ha aumentado el presupuesto de las dependencias del sector seguridad, pero no para atender funciones de seguridad. En específico, la Sedena ha visto un incremento notable de sus recursos presupuestales, sobre todo en el rubro de inversión pública: es decir, para construir el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya. Eso puede servir para otros fines, pero no para corregir la escasez crónica de recursos para las tareas de seguridad y justicia. El presupuesto para la Fiscalía General de la República ha seguido siendo lastimosamente bajo. Asimismo, los fondos de aportaciones y subsidios a estados y municipios han sufrido recortes mayúsculos. De hecho, uno de ellos —Fortaseg— desapareció en estos años sin que nada lo sustituyera.
5. En otros frentes, tampoco ha habido un esfuerzo de transformar estructuralmente al sector. La distribución de competencias sigue tan confusa como siempre. Los mecanismos de fiscalización y control siguen siendo débiles. La corrupción en las instituciones sigue siendo rampante. De fondo, salvo la profundización de la apuesta militar, es poco lo que ha cambiado en la materia.
A manera de conclusión, no queda más que decir que, para un gobierno dotado de amplia legitimidad y cómodas mayorías legislativas, los resultados han sido más bien decepcionantes. Y no hay razón para suponer que van a mejorar notablemente en la segunda mitad del sexenio.
alejandrohope@outlook.com
